El 1 de marzo de 2024, una explosión en la planta gasista de Camisea generó un grave desabastecimiento de hidrocarburos en Perú, lo que ha llevado al presidente interino del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), Aurelio Ochoa, a plantear la posibilidad de sancionar a la Transportadora de Gas del Perú (TGP). Durante una entrevista con el suplemento ‘Económica’, Ochoa señaló que el incidente no parece ser un hecho aislado y podría haber existido alguna forma de negligencia, lo que está actualmente bajo investigación.
La precariedad del sistema de transporte de gas natural en Perú es evidente, ya que el país solo cuenta con un gasoducto para este propósito y otro para el transporte de líquidos. Aunque TGP cumplió con las obligaciones contractuales relacionadas con las instalaciones necesarias y el mantenimiento del sistema, la responsabilidad de desarrollar nuevas infraestructuras recae en el Estado peruano. Ochoa subrayó que los Gobiernos anteriores nunca abordaron la necesidad de contar con una redundancia en los ductos, lo que complica aún más la situación actual.
Desabastecimiento y medidas preventivas para el futuro
A pesar de reconocer la “pronta respuesta” y la “estrecha coordinación” entre el Ejecutivo, el regulador, TGP y la Fuerza Aérea peruana, Ochoa considera que el desabastecimiento es “dramático”. En medio de un contexto internacional problemático, como los conflictos en Oriente Próximo, el presidente interino sugiere que el próximo Gobierno debe implementar medidas preventivas para evitar incidentes similares. Entre las propuestas se encuentran la creación de una red gasista redundante y la reanudación del Gasoducto Sur Peruano (GSP), que actualmente está completado en un 38%.
La construcción de una planta regasificadora en Melchorita, en la provincia de Cañete, también es esencial. Esta planta permitiría importar gas natural licuado (GNL) para mitigar disrupciones en el sistema productor nacional.
Desafíos de TGP en el contexto actual
TGP, respaldada por el fondo inversor estadounidense EIG, la petrolera estatal argelina Sonatrach y Enagás, enfrenta desafíos financieros y técnicos significativos. Según el último informe anual de Enagás, esta empresa española posee un 28,95% del capital de TGP. En la actualidad, TGP está en litigio con el Estado peruano por restricciones en la repatriación de dividendos, a la espera de un laudo favorable.
En el año 2024, TGP reportó beneficios netos de 269,7 millones de dólares (234,9 millones de euros) y unos ingresos de 768,5 millones de dólares (669,4 millones de euros), reflejando un descenso del 7,4% y 2%, respectivamente. La situación actual de la empresa y las dificultades en el suministro de gas resaltan la necesidad urgente de mejorar la infraestructura energética en Perú para garantizar la estabilidad del sector.
