La comunidad de propietarios del edificio que ardió en el barrio valenciano de Campanar en febrero de 2024, donde fallecieron diez personas y más de un centenar de familias perdieron sus hogares, ha solicitado la reapertura de la investigación judicial. Esta petición se basa en un nuevo informe pericial que cuestiona las conclusiones alcanzadas previamente por las autoridades.
El archivo de la causa fue confirmado por la Audiencia Provincial en julio de este año, tras la propuesta del juzgado de Instrucción 9, que determinó que no había indicios de delito. Sin embargo, el abogado de la comunidad, Guillermo Aragó, junto a otros letrados que representan a las víctimas, ha presentado un escrito argumentando que la decisión de sobreseimiento se fundamentó en una normativa incorrecta y en una clasificación errónea del material de fachada implicado en el incendio.
Nuevos hallazgos que cuestionan la investigación
Según el nuevo informe, la documentación que acreditaba la seguridad contra incendios se encontraba caducada y carecía de validez legal. Además, el material del que estaba revestida la fachada pudo haber sido determinante en la rápida propagación del incendio y en la gravedad de sus consecuencias. Aragó señala que «la normativa aplicada durante la instrucción no era la vigente en el momento de la concesión de la licencia de obras», debiendo haberse seguido el Real Decreto 312/2005, en lugar de la normativa anterior.
El informe también resalta que la reacción al fuego del material de la fachada fue un factor clave en la evolución del incendio, favoreciendo su rápida propagación y la emisión de humos densos y tóxicos que pusieron en peligro las condiciones de evacuación y la intervención de los servicios de emergencia. En este contexto, se identificaron discrepancias entre el material supuestamente suministrado y el que fue analizado tras el incendio, lo que genera dudas sobre su trazabilidad y características reales.
Errores en la investigación y solicitud de nuevas diligencias
Desde un punto de vista jurídico, Aragó recuerda que «el sobreseimiento provisional no cierra el procedimiento de forma definitiva y debe ser revisado cuando emergen nuevos elementos relevantes». El informe pericial presentado aporta datos técnicos que no habían sido considerados anteriormente y evidencia errores estructurales en la fundamentación de la resolución judicial.
Por todo lo expuesto, la comunidad de propietarios ha solicitado la reapertura del caso con el fin de llevar a cabo nuevas diligencias que permitan esclarecer los hechos con rigor, incluyendo la ratificación del informe pericial y la realización de nuevos análisis técnicos independientes. Esta petición busca garantizar que se haga justicia y que se esclarezcan las circunstancias que llevaron a la tragedia en Campanar.
