La justicia argentina ha decidido suspender parcialmente la aplicación de la reforma laboral impulsada por el Gobierno del presidente Javier Milei. Este lunes, el juez laboral Raúl Ojeda respaldó una medida cautelar presentada por la Confederación General del Trabajo (CGT), la principal central obrera del país, que afecta a 82 de los 218 artículos de la Ley de Modernización Laboral aprobada en febrero por el Congreso.
Ojeda consideró que existen indicios de regresividad en materia laboral y que la reforma podría vulnerar principios constitucionales, lo que conlleva un riesgo de daños irreparables. La decisión del juez implica la suspensión provisional de artículos que introducen cambios sustanciales en el régimen laboral argentino. Entre estos artículos se encuentran aquellos que limitan el derecho a huelga y establecen restricciones para la realización de asambleas, así como los que permiten sanciones contra conductas gremiales y prevén la pérdida de personería jurídica para sindicatos.
Impacto de la suspensión
La resolución del juez también afecta artículos que modifican el derecho a la negociación colectiva y alteran los períodos de prueba, la computación de los años de antigüedad y las indemnizaciones. Además, deja sin efecto temporalmente la derogación de la ley de teletrabajo y los artículos que limitan la responsabilidad de las empresas que emplean mano de obra tercerizada, calificados como «prestadores independientes» a los trabajadores de plataformas tecnológicas.
La CGT argumentó en su demanda que la reforma establece «modificaciones peyorativas y permanentes» que vulneran derechos constitucionales, así como la protección ante el despido y la libertad sindical. El juez Ojeda reconoció la legitimidad del reclamo de la central obrera, lo que ha llevado a la suspensión de una parte considerable de la reforma laboral, una de las más relevantes en lo que va del año.
Reacciones y contexto
La medida cautelar es uno de los fallos más significativos contra la reforma laboral hasta la fecha. En días recientes, la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (Faecys) había obtenido la suspensión de artículos que limitaban la vigencia de convenios colectivos y la financiación sindical. Esta norma ha dado lugar a al menos cinco fallos por parte de jueces locales en rechazo a un artículo que modificaba el cálculo de indemnizaciones.
La reforma laboral, que fue aprobada el 27 de febrero de 2023 y promulgada poco después, se enmarca en un contexto de crecientes protestas y una huelga general convocada por la CGT. La controversia que rodea esta reforma refleja las tensiones entre el Gobierno de Milei y los sindicatos, así como la lucha por los derechos laborales en un momento de cambios significativos en la legislación argentina.
