La Fiscalía Anticorrupción tiene la intención de reclamar a Jesica Rodríguez García la devolución de 44.000 euros que, según se investiga, percibió de las empresas públicas Ineco y Tragsatec. Este movimiento surge en un contexto de especulaciones sobre un posible acuerdo entre la Fiscalía y Rodríguez, quien ha sido testigo clave en la investigación que afecta al exministro de Transportes, José Luis Ábalos.
A pesar de las conjeturas que giran en torno a su situación, fuentes de la Fiscalía han aclarado que no existe ningún pacto entre ambas partes. Jesica no está imputada, aunque su situación podría cambiar a medida que avance la investigación en el Juzgado Central número 2 de la Audiencia Nacional. A lo largo de su vinculación laboral con las mencionadas empresas, que se extendió desde febrero de 2019 hasta septiembre de 2021, ha sido objeto de atención debido a su ausencia en el puesto de trabajo, situación que ella ha negado en su testimonio.
Posible condena y responsabilidades económicas
La Fiscalía está considerando acusar a Jesica como «partícipe a título lucrativo» en un delito de malversación. Esta figura legal implica que, aunque no se haya involucrado directamente en la comisión del delito, se beneficiaría de los efectos de un acto delictivo. Según las fuentes consultadas, esto podría llevar a que el Ministerio Fiscal demande a Rodríguez la devolución de las cantidades percibidas de las mencionadas empresas.
Además de los 44.000 euros que se le reclama por sus remuneraciones, también se menciona la posibilidad de que se le exija el reembolso de cerca de 90.000 euros, correspondientes al alquiler de un piso en Plaza de España que fue pagado por un socio de Víctor de Aldama durante tres años. Así lo establece el artículo 122 del Código Penal, que regula las responsabilidades de los beneficiarios de delitos en relación a su restitución.
Colaboración con la justicia
Detrás de la aparente protección que ha recibido Jesica, se encuentra la creencia de la Fiscalía de que su testimonio ha sido fundamental en la revelación de delitos hasta ahora desconocidos, como el hecho de que no acudía a trabajar en las empresas donde estaba contratada. Esta declaración ha puesto en entredicho las auditorías internas realizadas por Ineco y Tragsatec, que habían negado cualquier irregularidad.
La Fiscalía reconoce que Jesica ha colaborado con la justicia, lo que podría influir en su tratamiento en el proceso, aunque no le garantiza la inmunidad. Fuentes judiciales han confirmado que Jesica ha expresado su intención de restituir el dinero defraudado, respaldada por su capacidad financiera, pues llegó a acordar un salario mensual de 6.000 euros con Ábalos y ha realizado inversiones significativas, como la compra de un inmueble en Madrid.
La complejidad de este caso radica en la falta de pruebas sólidas que vinculen a Jesica con delitos más graves, como tráfico de influencias o cohecho. Por el momento, la Fiscalía se centra en su figura como «partícipe a título lucrativo», un término que se popularizó en casos anteriores, como el de Gürtel, y que podría marcar el desarrollo de esta investigación.
