En un contexto de creciente presión económica, tres de cada diez autónomos de Castilla y León, aproximadamente 50.000 en total, se enfrentan a un aumento de sus cotizaciones mínimas a partir de enero de 2026. Este incremento será de 135 euros mensuales, tras la elevación de la base mínima de cotización para los autónomos societarios y colaboradores en España, que pasará a ser de 1 424 euros, lo que se traduce en una cuota mensual de 435 euros.
Según un comunicado de Leticia Mingueza, presidenta de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) en Castilla y León, el Gobierno está llevando a cabo lo que ella califica como un “sablazo” a los autónomos. Mingueza destaca que esta subida, que representa un 42 por ciento de aumento en la base de cotización, afecta a más de 400.000 colaboradores familiares y a más de 800.000 autónomos societarios con rendimientos próximos a mil euros al mes, lo que generará un coste adicional de 1 620 euros al año para cada uno de ellos.
Consecuencias para los autónomos
Desde la asociación se argumenta que, dado que en el año 2023 la base mínima era de mil euros para estos colectivos y no se han aprobado nuevos presupuestos, debería mantenerse la congelación de esta base. “Los autónomos no pueden pagar la incompetencia del Gobierno por no sacar adelante unos presupuestos”, aseguró Mingueza.
Si la orden que eleva las bases mínimas para autónomos y colaboradores no se modifica, se podrían dar situaciones desiguales en los negocios familiares. Por ejemplo, un autónomo principal podría tener una base media de mil euros —la que declara el 60 por ciento de los autónomos— mientras que su cónyuge, que colabora en el negocio, tendría una base de 1 424 euros al mes. Esto significaría que el autónomo principal pagaría aproximadamente 300 euros de cuota, frente a los 435 euros que pagaría el colaborador.
Reacciones y alternativas
En España, hay más de 3,4 millones de autónomos, de los cuales 1,2 millones son societarios o colaboradores. “No vamos a quedarnos de brazos cruzados; ya hemos hablado con varios grupos parlamentarios para detener esta salvajada y buscar una solución inmediata con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2026”, añadió Mingueza.
Asimismo, desde ATA se señala que la mayoría de los autónomos afectados son mujeres de más de 50 años que colaboran en el negocio familiar, especialmente en el entorno rural. La situación ha generado un clima de inquietud y descontento entre los trabajadores autónomos, que ven cómo sus cargas económicas aumentan en un momento ya de por sí complicado.
