El Tribunal de Cuentas ha emitido un informe en el que alerta sobre el “uso excesivo” de la contratación menor en la Universidad de Murcia (UMU) y la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT). Esta práctica, aunque está permitida por la normativa vigente, plantea serios riesgos relacionados con la falta de publicidad y concurrencia en los procesos de contratación.
Según el organismo fiscalizador, el empleo de la contratación menor, que no requiere el cumplimiento de los procedimientos de licitación ordinarios, puede llevar a situaciones de opacidad y a la posibilidad de irregularidades. El Tribunal ha señalado que esta modalidad, que debería ser utilizada con restricción y en casos excepcionales, está siendo aplicada de manera habitual en ambas instituciones académicas.
Consecuencias y recomendaciones
El informe del Tribunal de Cuentas subraya que el uso desmedido de este tipo de contratos no solo compromete la transparencia, sino que también puede afectar la correcta gestión de los recursos públicos. Por ello, se recomienda a ambas universidades que revisen sus políticas de contratación y busquen formas de garantizar una mayor competencia y publicidad en sus procesos.
Además, el Tribunal insta a las universidades a implementar medidas que minimicen los riesgos asociados a esta práctica, como establecer límites claros en el uso de contrataciones menores y fomentar la concurrencia entre proveedores. La falta de un control riguroso puede llevar a que el dinero público no se utilice de la forma más eficiente, lo que a largo plazo podría tener un impacto negativo en la calidad de la enseñanza y los servicios ofrecidos.
El papel de la normativa vigente
La normativa actual permite la contratación menor para facilitar la agilidad administrativa, pero el Tribunal de Cuentas ha enfatizado que esta flexibilidad no debe ser un pretexto para el abuso. La necesidad de un equilibrio entre la eficiencia administrativa y la transparencia es fundamental para asegurar que los fondos públicos se gestionen de manera responsable.
El informe del Tribunal de Cuentas pone de manifiesto un problema que afecta no solo a la UMU y la UPCT, sino que podría extenderse a otras instituciones públicas que, bajo la misma normativa, podrían estar incurriendo en prácticas similares. La revisión de estas políticas es, por tanto, un paso necesario para garantizar que las universidades mantengan altos estándares de gobernanza y rendición de cuentas.
Con este tipo de alertas, el Tribunal de Cuentas busca promover una cultura de responsabilidad en el uso de recursos públicos, recordando a las instituciones que la transparencia y la competencia son esenciales para un funcionamiento adecuado del sector público.
