Un juez del Tribunal Supremo ha manifestado su desacuerdo con la decisión de imputar al fiscal general, José García Ortiz, por la supuesta filtración de un correo confidencial relacionado con un caso de fraude fiscal. El magistrado Andrés Palomo ha emitido un voto particular en el que argumenta que no existen pruebas suficientes que justifiquen esta acusación, sugiriendo que el fiscal debería haber sido exonerado, al igual que su colega, la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez.
En su voto, Palomo critica con dureza al juez instructor, Manuel Hurtado, por haber ignorado durante ocho meses indicios que apuntan a que el fiscal no fue el primero en divulgar los datos confidenciales del caso. Según el magistrado, varios periodistas e incluso el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso ya conocían la información antes de que llegara a manos del fiscal general.
El juez Palomo sostiene que la falta de pruebas en la filtración es evidente, destacando que la investigación ha estado marcada por una «escasez, debilidad e insuficiencia» de indicios. A lo largo de varios meses, la Sala de Apelaciones ha respaldado casi todas las decisiones de Hurtado, incluyendo las imputaciones y los registros de la Guardia Civil.
Críticas a la falta de pruebas
El voto particular de Palomo representa una ruptura significativa en el tribunal supervisor, que no será el encargado de juzgar finalmente a García Ortiz. El magistrado señala que la investigación debería haberse cerrado también contra el fiscal general, afirmando que no hay pruebas de que este filtrara el correo, que fue revelado por el abogado de González Amador buscando un pacto con la Fiscalía.
Palomo también recuerda que la nota de prensa emitida por la Fiscalía sobre el caso de fraude fiscal no constituye una revelación de secretos, ya que no contenía información indebidamente revelada. Hasta la fecha, Hurtado ha desestimado cualquier testimonio que sugiriera que el fiscal general recibió los datos del caso cuando estos ya circulaban en las redacciones de varios medios de comunicación.
El magistrado critica que Hurtado haya hecho caso omiso del testimonio de periodistas de elDiario.es, La Sexta, El País y El Mundo, quienes afirmaron haber tenido acceso a la información antes que García Ortiz. Según Palomo, los testimonios de estos informadores aportaron «múltiples datos perimetrales» que contradicen la versión oficial.
Implicaciones para el sistema judicial
Palomo también destaca que el fiscal general no incurre en una mayor exigencia por su cargo al borrar mensajes de su teléfono móvil tras abrirse la causa en su contra. Subraya que el «derecho penal de autor» carece de respaldo constitucional y que son las acusaciones quienes deben demostrar su posición.
Además, el juez señala que diversas fuentes jurídicas tuvieron acceso a la información antes de que esta llegara al fiscal general, lo que contradice la narrativa presentada por Hurtado. En este sentido, se ha puesto en tela de juicio la calidad de la investigación llevada a cabo por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que ha sido criticada por centrarse exclusivamente en los dos fiscales implicados, ignorando a otras personas que también tuvieron acceso al correo.
La postura de Palomo pone de manifiesto las tensiones dentro del Tribunal Supremo y plantea serias preguntas sobre la solidez de las acusaciones contra el fiscal general. La falta de pruebas evidenciada en su voto particular podría tener un impacto significativo en el desarrollo del caso y en la percepción pública del sistema judicial español.
