La reciente revelación de una carta del empresario Víctor de Aldama a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) ha reavivado la controversia política en España. La operación, que se valora en 250 millones de euros, implica la oferta de varios activos inmobiliarios estratégicos en Madrid y ha llevado a cuestionar las afirmaciones de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quien negó tener conocimiento sobre la propuesta durante su comparecencia en el Senado.
El epicentro de esta operación se encuentra en el complejo Campos Velázquez, ubicado en el barrio de Salamanca, Madrid. Este complejo, que alberga sedes clave del sector público empresarial, se extiende a lo largo de cerca de 40 000 metros cuadrados y es considerado uno de los bienes más relevantes del patrimonio estatal. Según el diario El Mundo, Aldama presentó una oferta preliminar en abril de 2019, respaldada por el fondo internacional Platinum Real Estate, para adquirir el complejo por más de 200 millones de euros, excluyendo impuestos.
Interlocución con la administración pública
Documentos filtrados indican que la propuesta de Aldama fue recibida y analizada por responsables de Sepides, la filial de la SEPI, dirigida en ese momento por Antonio Cervera. Se sugiere que el origen de esta iniciativa está vinculado a contactos facilitados por el Ministerio de Fomento durante la gestión de José Luis Ábalos, a través de su asesor Koldo García. Aunque la operación no se concretó, los intercambios entre Aldama y la SEPI indican que hubo un trabajo continuado durante varios meses, lo que contradice las afirmaciones de Montero, quien minimizó la credibilidad de la documentación presentada.
Un episodio que intensifica el debate político
La revelación de esta documentación se produce en un contexto marcado por la investigación judicial del denominado “caso Koldo”, donde Aldama figura como uno de los empresarios implicados. Este nuevo descubrimiento añade un elemento crítico al análisis de las relaciones entre intermediarios privados y entidades públicas durante ese periodo, lo que ha reactivado las críticas de la oposición. Exigen claridad sobre la gestión y el conocimiento de este tipo de propuestas dentro de la SEPI.
A pesar de la gravedad de las acusaciones, hasta el momento no se ha emitido una respuesta pública detallada por parte del entorno de Montero sobre el contenido de la documentación. Es importante señalar que no hay resolución judicial que determine responsabilidades sobre esta operación, basándose las informaciones en documentos y versiones periodísticas que apuntan a la existencia de contactos, sin que se haya evidenciado su materialización o posibles irregularidades.
