La reciente investigación abierta por un juzgado de Las Palmas ha llevado a la detención de 11 personas y al cierre de dos centros de acogida que albergaban a más de 200 menores. Esta situación pone de manifiesto una alarmante cultura de maltrato y negligencia en el tratamiento de los menores inmigrantes en Canarias, un problema que, aunque ha persistido durante años, ha estallado de forma escandalosa.
La crisis migratoria ha servido de excusa para el desarrollo de una cultura de incompetencia que afecta a las entidades privadas encargadas de proteger a los miles de menores que llegan desde Africa continental. Aunque se prevé una mejora en la situación en los próximos meses, gracias a un reparto obligatorio de los menores aprobado en abril y la intervención del Tribunal Supremo, actualmente hay más de 4 500 menores bajo la tutela del Ejecutivo insular, lo que revela un desbordamiento crítico en los centros de acogida.
La realidad de los centros de acogida
El hacinamiento en estas instalaciones no justifica, de ninguna manera, las condiciones inadecuadas observadas. La existencia de cuartos de aislamiento, más propios de una prisión que de un centro de acogida, las denuncias de violencia entre los jóvenes y hacia ellos, así como la normalización del maltrato, especialmente hacia los menores considerados «conflictivos», evidencian un fallo en los mecanismos de control establecidos tanto por el Gobierno de Canarias como por la Fiscalía de Menores.
Uno de los recintos clausurados había sido inspeccionado recientemente por las autoridades competentes, que no identificaron en él problemas insubsanables. Estos centros eran gestionados por Quorum Social 77, la entidad que más menores atiende en el archipiélago, con cerca de 2 000 menores bajo su cuidado. La presidenta de esta asociación se encuentra entre los detenidos, lo que añade una dimensión aún más preocupante a la situación.
Desvío de fondos y falta de control
La rápida expansión de la necesidad de plazas para menores en Canarias ha conducido a un descuido tanto en la gestión como en la fiscalización de los fondos públicos. En 2023, un juzgado de Las Palmas abrió una investigación contra otra ONG, Respuesta Social Siglo XXI, por un supuesto desvío de fondos que estaban destinados a los centros de menores, los cuales habrían sido utilizados para noches de hotel o tratamientos de belleza. Esta organización recibió más de 12,5 millones de euros del Gobierno canario entre 2020 y 2022.
La tolerancia al maltrato en cualquier circunstancia es inaceptable, pero resulta aún más reprobable cuando hay menores de por medio. Aunque es cierto que Canarias no debería cargar con una responsabilidad para la que no estaba preparada, esto no exime a las autoridades insulares de asumir su responsabilidad en este grave fracaso y de tomar las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de la ley y la protección de los menores.
