Afirmar que la sanidad en Melilla atraviesa “el mejor momento de su historia” resulta cuestionable y revela una preocupante desconexión entre el discurso del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) y la realidad cotidiana que enfrentan los ciudadanos. La situación no es un mero reflejo de percepciones aisladas; es un problema palpable que se puede constatar al intentar acceder a servicios médicos.
El funcionamiento diario del sistema evidencia que ese supuesto escenario ideal no existe. Basta con intentar concertar una cita con un especialista o someterse a una prueba para que la realidad se revele. Un ejemplo claro es el de un paciente que busca atención en el área de Digestivo y se encuentra con una respuesta inquietante: la agenda está cerrada. Sin espacios disponibles ni alternativas reales, se le ofrece la posibilidad de inscribirse en un “buzón”, una lista paralela sin garantías ni plazos definidos.
La ocultación de problemas en lugar de su solución
Cuando se solicitan explicaciones sobre este procedimiento, la respuesta revela aún más la situación: se utiliza este método para evitar que las listas de espera oficiales aumenten. En otras palabras, no se reduce el problema, sino que se oculta bajo la alfombra, distorsionando así la realidad de la atención sanitaria. Este tipo de prácticas no solo fallan en su función asistencial, sino que también comprometen la transparencia que se debe a los ciudadanos.
Las listas de espera incompletas dejan de ser un indicador real de la salud del sistema. Mientras tanto, las experiencias de los usuarios siguen acumulando señales de alarma: pacientes que esperan desde septiembre de 2025 para ser operados, colas interminables para realizarse análisis debido a la falta de personal y servicios de urgencias que operan al límite de su capacidad. Especialidades que dependen de un único profesional corren el riesgo de quedar desatendidas ante cualquier jubilación.
Incredulidad ciudadana ante un discurso triunfalista
Este escenario, descrito tanto por los usuarios como por los trabajadores del sistema, se aleja notablemente de la imagen de estabilidad y excelencia que se intenta comunicar desde los despachos de Ingesa. Cuanto más se insiste en este mensaje triunfalista, mayor es la incredulidad entre la población. Los ciudadanos son plenamente conscientes de la situación que viven; no necesitan que nadie les explique si la sanidad funciona bien o mal. La realidad se hace evidente cada vez que deben esperar semanas o meses por una consulta o cada vez que se enfrentan a la falta de respuestas claras.
En este contexto, el discurso de Ingesa no solo pierde credibilidad, sino que puede generar un efecto contrario al deseado. En lugar de tranquilizar a la población, provoca frustración. Quienes están inmersos en el sistema no reconocen en esas palabras la realidad que experimentan. El reciente antecedente, en el que se defendía públicamente la buena situación de la sanidad en Melilla, adquiere un matiz diferente. Ya no se percibe como un mensaje informativo, sino como un intento de sostener una versión que muchos consideran alejada de los hechos.
La distancia entre lo que se dice y lo que se vive es demasiado grande como para ignorarla. Mientras no se aborden los problemas reales —acceso a especialistas, listas de espera, falta de personal—, cualquier intento de presentar la situación como ejemplar seguirá chocando con la misma realidad: la de los ciudadanos que esperan, que sufren y que ya no se creen ese relato.
