El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, ha defendido públicamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al Partido Socialista, en medio de las recientes informaciones que vinculan a miembros del entorno del PSOE con investigaciones judiciales por presunta corrupción. Durante sus declaraciones, Borrell subrayó que la formación ha tomado las medidas necesarias al expulsar a las personas implicadas y retirarles todos sus cargos.
Respecto a la decisión de Sánchez de continuar al frente del Ejecutivo, Borrell enfatizó que se trata de una «elección personal». Afirmó que «Pedro Sánchez ha considerado él personalmente que debe seguir», destacando que nadie más puede tomar esa decisión por él. El respaldo del PSOE a su líder fue otro punto que Borrell recalcó, indicando que «tiene el pleno apoyo del partido socialista y del comité federal».
La legitimidad del Gobierno y la oposición
Borrell también abordó la situación del Gobierno en el contexto parlamentario, señalando que «el parlamento no puede tumbar al gobierno porque no hay una mayoría alternativa». A su juicio, la combinación de PP y Vox genera temor entre los ciudadanos, ya que no tienen los diputados suficientes para reemplazar al Gobierno actual. Esto pone de manifiesto la estabilidad del Ejecutivo, a pesar de las voces disonantes dentro del propio partido, como Javier Lambán y Emiliano García-Page, quienes han expresado posicionamientos distintos.
En este sentido, Borrell quiso aclarar que «no se puede decir que el partido socialista no apoya a su secretario general porque es evidente que lo apoya». Asimismo, resaltó la importancia de la legitimidad del Gobierno, afirmando que «si Sánchez cree que debe seguir, y si el partido le apoya, su continuidad es plenamente legítima».
El caso del fiscal general del Estado
Sobre el proceso judicial que afecta al fiscal general, Álvaro García Ortiz, Borrell indicó que, en circunstancias normales, «cuando alguien es imputado, se pone en cuestión la continuidad en sus responsabilidades». A pesar de esto, destacó que el Gobierno confía en la inocencia del fiscal general, y que «el primero en creer en su inocencia es él mismo».
Sin embargo, Borrell reconoció que «estéticamente, un fiscal general imputado no es la mejor de las cosas», advirtiendo sobre la presión política que podría llevar a su dimisión. «Hay que tener mucho cuidado con la presión para que alguien dimita si los argumentos que se utilizan para ello no son fundados», añadió, subrayando la necesidad de contar con una mayoría parlamentaria sólida para cuestionar la continuidad de un cargo.
Por último, Borrell reflexionó sobre el debate territorial en España, afirmando que «esto no es ni federal, ni progresista, ni generalizable a todas las comunidades autónomas». Su comentario sugiere que el camino hacia una solución es complejo y debe abordarse con cautela.
