La Sección Sindical de Comisiones Obreras de la Biblioteca Nacional de España (BNE) ha instado a la dimisión del ministro de Cultura, Ernest Urtasun, y de los responsables de la institución, encabezados por su director, Óscar Arroyo. La denuncia se fundamenta en la supuesta divulgación de datos personales de los delegados sindicales de la BNE a terceros no autorizados, incluyendo un sindicato policial y el sindicato USO, que carecen de representación en la institución.
En un comunicado al que ha tenido acceso ABC, el sindicato denuncia que se han filtrado datos de categoría especial, como la afiliación por nómina y la información de los delegados de CCOO y otras centrales sindicales presentes en la mesa delegada de la Administración General del Estado. Según el comunicado, esta acción constituye una violación del reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la protección de datos personales.
Denuncias ante la Agencia de Protección de Datos
La Sección Sindical de CCOO-BNE, a través de su secretario general, Emilio Murcia, ha presentado una denuncia formal ante la Agencia Estatal de Protección de Datos por esta situación. El sindicato también ha señalado otro problema, relacionado con una inspección realizada por la Unidad Técnica de Prevención de Conductas Adictivas de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, que identificó la ausencia de un cartel que prohíba fumar en la cafetería de la BNE, tanto para cigarrillos normales como electrónicos.
La denuncia del sindicato incluye acusaciones de engaño y ocultación por parte de la administración hacia los Delegados de Prevención del Comité de Seguridad y Salud de la BNE. Además, recuerdan los «incumplimientos» del ministro Urtasun respecto a su compromiso de informar a los delegados de la situación de la gestión de la Licencia de Actividad de la sede de la BNE en Alcalá de Henares.
La situación ha generado un ambiente de tensión dentro de la BNE y ha llevado al sindicato a exigir respuestas inmediatas y medidas correctivas para salvaguardar la privacidad y los derechos de los trabajadores. La respuesta del ministerio y de la dirección de la BNE será clave para determinar el futuro de esta controversia.
