El Partido Popular (PP) ha denunciado lo que considera una «irresponsabilidad» por parte del Gobierno de Pedro Sánchez al adjudicar a la multinacional china Huawei la gestión y almacenamiento de las escuchas policiales. Esta crítica surge a raíz de un contrato valorado en 12,3 millones de euros revelado por el medio THE OBJECTIVE, que ha suscitado preocupaciones sobre la seguridad nacional.
Preocupaciones sobre la seguridad nacional
En una rueda de prensa celebrada en la sede nacional del PP, el vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras, Juan Bravo, explicó que este acuerdo «contraviene» las recomendaciones de la Unión Europea y de Estados Unidos en materia de seguridad. «Nuestros aliados advierten del alto riesgo que supone contar con una empresa china en el manejo de información sensible», añadió Bravo, quien también subrayó que el Ejército del Aire utiliza dispositivos de Huawei en su red de comunicaciones críticas.
El PP se muestra alarmado ante la posibilidad de que la información confidencial de España «podría ser utilizada por el Gobierno chino», basándose en la Ley de Inteligencia Nacional de China. «No entendemos qué ha llevado al Gobierno a tomar esta decisión», indicó Bravo, destacando la falta de lealtad hacia los socios europeos.
Demandas de rendición de cuentas
Bravo exigió que los ministros Fernando Grande-Marlaska, Margarita Robles y José Manuel Albares comparezcan en las Cortes para explicar esta adjudicación. A su juicio, no hay margen para la interpretación de este asunto y advirtió que «si Sánchez pone en peligro los secretos del Estado, tendrá que explicar por qué».
El dirigente popular también anunció que su formación solicitara el acceso íntegro al expediente de contratación y todos los informes de ciberseguridad relacionados con la elección de Huawei. Según Bravo, el Gobierno está «jugando con fuego» y el PP aboga por «garantizar la máxima protección en los ámbitos estratégicos», prestando especial atención a los riesgos provenientes de potencias extranjeras.
El contexto de estas afirmaciones se agrava al constatar que, en el Informe Anual de Seguridad Nacional de 2023, se advirtió sobre la construcción de redes de influencia con China, mientras que en los informes de 2024 y 2025 se ha eliminado cualquier mención a este país, a pesar de la adjudicación del contrato a Huawei.
La situación plantea serias dudas sobre la dirección que está tomando la política de seguridad de España y la confianza depositada en empresas que provienen de países con intereses estratégicos divergentes.
