La Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha condenado al Servicio Canario de Salud (SCS) a pagar una indemnización de 273.157 euros tras el caso de una niña de dos años a quien se le amputaron ambas piernas debido a un tratamiento inadecuado. Esta decisión se basa en la falta de aplicación del tratamiento adecuado que, según los informes médicos, podría haber prevenido esta drástica medida.
En enero de 2024, el Juzgado estimó de forma parcial el recurso interpuesto por los padres de la menor, quienes inicialmente solicitaban 546.314 euros, cifra que fue rechazada por el TSJC con el voto particular de un magistrado que abogaba por conceder dicha cantidad. A pesar de no estar de acuerdo con la condena, el SCS propuso un pago alternativo de 151.233 euros.
La sentencia detalla que la paciente fue ingresada en urgencias en marzo de 2022 debido a complicaciones derivadas de una infección. Un mes después, se decidió amputar ambas piernas a partir de los tobillos debido a necrosis, tras ser trasladada de urgencia a un hospital en Madrid. El SCS aceptó la condena después de que el Consejo Consultivo de Canarias confirmara que hubo una «pérdida de oportunidad» en el tratamiento.
Los informes periciales presentados por los padres indican que el tratamiento adecuado, un antibiótico específico, tiene un índice de éxito del 99% cuando se aplica a este tipo de infección bacteriana, que ya estaba claramente documentada en la historia clínica de la paciente. El Consejo Consultivo dictaminó que, dada la sintomatología y los antecedentes, la menor debía haber sido sometida a diversas pruebas y se criticó la falta de antibióticos en los primeros días, lo que derivó en un fallo multiorgánico.
El TSJC subraya que, de haberse administrado el antibiótico en los días tres y cuatro, la evolución clínica podría haber sido favorable, evitando las «fatales consecuencias» de la amputación. El juez que emitió su voto particular resaltó que el problema principal radica en la «desatención» sufrida en el Centro de Salud, donde la niña no fue atendida por un pediatra.
A partir de ahora, la menor deberá someterse a cirugías cada 12 o 15 meses para adaptar sus prótesis. El juez también considera «inexcusable» que la administración inicie un expediente a los empleados implicados en este caso, para esclarecer si han incurrido en dolo, culpa o negligencia grave. En caso afirmativo, deberán hacerse responsables del pago y no las arcas públicas.
