En lo que se ha convertido en un nuevo desafío para la atención a la población mayor, varios centros sociosanitarios de la Comunidad de Madrid han registrado un alarmante resurgimiento de brotes de sarna y chinches. Según la Federación de Sanidad de CCOO Madrid, al menos seis brotes se han confirmado en el último año, lo que plantea serias preocupaciones sobre la gestión de estas instalaciones en un contexto de recortes de personal.
El impacto de la eliminación de ratios mínimas
La situación se agrava tras la decisión del gobierno regional de eliminar la ratio mínima de personal de limpieza, cocina y mantenimiento en las residencias, una normativa que estaba en vigor desde 2021. Esta medida, que entrará en efecto en 2026, pone fin a la regulación que garantizaba, por ejemplo, al menos cinco trabajadores de limpieza diaria en residencias con más de 100 plazas. A partir de ahora, cada centro podrá determinar el número de empleados destinados a mantener la higiene, lo que preocupa a los sindicatos sobre el potencial aumento del riesgo de contagio.
El sindicato CCOO ha advertido que “la falta de personal mínimo, destinado a estas tareas, aumenta exponencialmente el riesgo de contagio, especialmente en entornos colectivos y vulnerables como las residencias”. La sarna, una infección cutánea altamente contagiosa causada por ácaros, puede prevenirse con medidas básicas de higiene y protocolos adecuados, que ahora corren el riesgo de no cumplirse.
Condiciones laborales insostenibles
En uno de los centros afectados, con 106 residentes, ya se estaría incumpliendo la normativa actual, ya que solo cuatro limpiadoras trabajan por la mañana para atender todas las zonas comunes, habitaciones, baños y lavandería. Por la tarde, una única persona se encarga de la limpieza de comedores y sanitarios, un escenario que CCOO califica de insostenible y que puede contribuir a un aumento en los brotes de infecciones.
A pesar de estas advertencias, la Consejería de Familia, Asuntos Sociales y Juventud ha minimizado la gravedad de la situación, calificando los brotes de sarna como “casos aislados” que, según afirman, se producen anualmente en todas las regiones. La administración madrileña sostiene que la situación está “completamente controlada” y que se ha actuado desde el primer momento en coordinación con Salud Pública y equipos especializados.
Este nuevo foco de conflicto se suma a las denuncias que aún pesan sobre la gestión de las residencias durante la pandemia, cuando la Fiscalía investigó casos de presunto abandono que derivaron en la muerte de ancianos. Con la eliminación de garantías mínimas en el cuidado de la higiene, resurgen los temores sobre la vulnerabilidad de una población especialmente expuesta.
En un contexto de envejecimiento progresivo y aumento de la demanda de plazas en residencias, el riesgo de que enfermedades como la sarna vuelvan a propagarse con fuerza es una preocupación latente. Mientras las autoridades insisten en que no hay motivos de alarma, los profesionales y sindicatos urgen a reconsiderar decisiones que pueden comprometer la salud de los más frágiles.
