La Unión del Pueblo Navarro (UPN) ha solicitado la comparecencia en el Senado de la actual presidenta de Navarra, María Chivite, y su antecesora, Uxue Barkos, en relación con la investigación del caso Koldo, que ha suscitado gran interés público y político. Esta petición surge tras el rechazo de varias comparecencias en la Comisión de Investigación abierta en el Parlamento de Navarra, donde se esperaba que estas figuras clave aportaran explicaciones sobre las adjudicaciones de obras públicas.
Detalles de la solicitud
Además de Chivite y Barkos, UPN ha propuesto la citación de otros actores relevantes como el dimitido secretario de Organización del PSN, Ramón Alzórriz, la actual ministra y exconsejera de Hacienda, Elma Saiz, el senador Javier Remírez, y el consejero José Luis Arasti. También se requerirán las comparecencias de todos los trabajadores de Servinabar 2000, SL, incluyendo familiares de implicados, como la hermana de Santos Cerdán y la pareja de Alzórriz.
La presidenta de UPN, Cristina Ibarrola, ha enfatizado la necesidad de que estas personas ofrezcan explicaciones sobre las operaciones y contratos que se están investigando, en el marco de una supuesta trama de mordidas en adjudicaciones de obras públicas. Según Ibarrola, «es imprescindible que todas estas personas den explicaciones acerca de las operaciones y los contratos que se están investigando».
Reacciones y apoyo de la oposición
El diputado del Partido Popular (PP) en Navarra, Sergio Sayas, ha expresado su apoyo a la petición de UPN, calificando de «lamentable» que los grupos de EH Bildu y Geroa Bai estén priorizando sus intereses partidistas sobre la necesidad de transparencia en las adjudicaciones que involucran a empresas actualmente bajo investigación por la Unidad Central Operativa (UCO).
Por su parte, el Partido Socialista de Navarra (PSN) ha respondido a esta solicitud anunciando que también citará a la expresidenta del Gobierno de Navarra, Yolanda Barcina, y al exvicepresidente de UPN, Óscar Arizcuren. La portavoz socialista en el Parlamento, Ainhoa Unzu, ha señalado que los testimonios de Barcina y Arizcuren son cruciales, dado que su gobierno otorgó licencias iniciales del proyecto de Mina Muga y que Arizcuren recibió pagos de Servinabar según documentación de Hacienda Navarra.
Unzu ha criticado a UPN y al PP por un «uso completamente irresponsable de las instituciones» y ha argumentado que están intentando generar una situación que no pudieron concretar en el Parlamento de Navarra.
La situación se desarrolla en un contexto de creciente presión política para esclarecer los vínculos y las irregularidades que podrían haberse producido en las adjudicaciones de obras públicas en Navarra, lo que pone de relieve la importancia de las comparecencias solicitadas y su impacto en la percepción pública sobre la gestión política en la comunidad.
