Nueva Melilla ha manifestado su preocupación por las “graves irregularidades” detectadas en la contratación pública del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), organismo que depende del Ministerio de Sanidad. Según informes del Tribunal de Cuentas y la Intervención General de la Seguridad Social (IGSS), el uso de contratos sin un procedimiento adecuado ha sido la norma en el Hospital Comarcal de Melilla durante los años 2022 y 2023.
Las cifras son alarmantes: en 2022 se tramitaron 4 417 expedientes por un total de 7 086 696 euros, de los cuales el 96,5% correspondieron a compras directas, con solo dos contratos realizados mediante procedimientos abiertos. En 2023, se contabilizaron 4 342 expedientes por un valor de 7 202 180 euros, de los cuales el 89,5% también fueron adjudicados sin procedimiento adecuado, con únicamente dos contratos abiertos y uno menor.
Preocupaciones sobre la transparencia y la competencia
El informe de la IGSS ya había advertido en 2021 que el 56% de las obligaciones del Hospital no estaban respaldadas por contratos formales. Además, el Tribunal de Cuentas ha señalado una “altísima” concentración de proveedores, con 254 recibiendo pagos directos, de los cuales 13 concentran el 50% del gasto total y 31 acumulan el 75%.
Desde Nueva Melilla sostienen que esta forma de proceder no solo reduce la competencia, sino que también favorece relaciones preferenciales y debilita el control del gasto público. Por ello, han exigido explicaciones “inmediatas y urgentes” a la Delegación del Gobierno sobre la gestión de los fondos públicos por parte del Ingesa en la ciudad.
Exigencias de medidas efectivas
La formación ha demandado la depuración de responsabilidades por “esta mala praxis administrativa” y la implementación de medidas “reales y efectivas” para garantizar la legalidad, el control y la transparencia en la contratación pública sanitaria. “Melilla merece una sanidad transparente, justa y bien gestionada. No permitiremos que millones de euros se sigan adjudicando a dedo”, afirmaron, subrayando que permanecerán “vigilantes”, ya que la ciudadanía tiene derecho a conocer lo que sucede con la gestión de sus recursos.
