Las farmacias de Extremadura están atravesando una crisis sin precedentes, con **23 establecimientos** en situación de riesgo económico inminente. Este problema se agrava en los municipios rurales, donde los boticarios son, en muchos casos, el único profesional sanitario disponible para una población envejecida y con acceso limitado a servicios médicos.
En los últimos años, el panorama se ha oscurecido para estos dispensarios. Primero fueron los comercios locales, luego los bancos y cajeros automáticos, y ahora son las farmacias las que están al borde del cierre. Extremadura, conocida por su amplia red de farmacias rurales, se enfrenta a una situación crítica. En 2024, la comunidad contaba con **666 farmacias**, de las cuales el **85%** se encuentran fuera de las capitales, muchas en localidades con menos de **500 habitantes**.
Una red en peligro
La mayoría de las farmacias están situadas en áreas con retos demográficos significativos, lo que plantea un problema de sostenibilidad. En el último año, **32 farmacias** fueron catalogadas con **Viabilidad Económica Comprometida** (VEC), un estatus que indica que no generan ingresos suficientes para cubrir sus gastos fijos. Este año, el número ha descendido a **23**, no porque se haya producido una mejora estructural, sino porque **tres** han cerrado y otras han desistido de solicitar ayuda, que en algunos casos no supera los **50 euros al mes**, según **Juan José Hernández**, presidente del **Colegio de Farmacéuticos de Cáceres**.
La provincia de **Cáceres** es especialmente vulnerable, con **63 farmacias** en su territorio, frente a **38 en Badajoz**. El **44%** de estas farmacias están ubicadas en municipios de menos de **1.000 habitantes**, muchas en localidades que no alcanzan los **500 habitantes**. Esto se traduce en una media alarmante de **1.350 habitantes por farmacia** en Cáceres, comparado con los **1.700 en Badajoz** y la media nacional de **2.100**.
Un servicio esencial
El Colegio de Farmacéuticos de Cáceres subraya la importancia del papel social y sanitario que desempeñan estas farmacias. «No pedimos ayudas sin condiciones, sino que se retribuya un servicio real que se presta día a día y que es imprescindible», afirma Hernández. Estos profesionales no solo dispensan medicamentos, sino que también asesoran a los pacientes ante la falta de centros médicos y organizan actividades sobre salud, como charlas sobre salud mental.
Además, proponen regular la atención farmacéutica en residencias de mayores en entornos rurales para asegurar un servicio directo a estos centros. Aunque la **Junta de Extremadura** está trabajando en ello, el texto aún no ha sido presentado a exposición pública. Mientras tanto, otras comunidades ya han implementado ayudas directas para evitar cierres, algo que aún no ha sucedido en Extremadura.
La desaparición de farmacias también representa un grave problema para la atención a la población. Cuando una farmacia cierra, su lugar suele ser ocupado por un botiquín básico que no tiene personal permanente y solo abre unas pocas horas al día. Esto limita el acceso de los vecinos a medicamentos y servicios esenciales, especialmente en áreas donde la mayoría de la población es mayor y los médicos solo acuden una o dos veces por semana. «O se les apoya por los servicios que prestan o desaparecerán», advierte Hernández.
La falta de relevo generacional y la despoblación rural son factores que contribuyen a que el futuro de las farmacias rurales sea crítico. Para muchos vecinos, la farmacia no es solo un lugar donde recoger recetas, sino un espacio donde encontrar apoyo y atención sanitaria todos los días.
