La ciudad autónoma de Melilla ha emergido como un punto focal de controversia en el comercio entre España y Marruecos, especialmente tras la apertura del Tinglado 5, una instalación sanitaria de 785.000 euros que no solo cumple funciones de salud, sino que también actúa como un epicentro de un mercado paralelo que escapa a la normativa comunitaria. Este fenómeno se debe a que España ha aprovechado una «exclusión territorial» del Reglamento (UE) 2017/625, creando un régimen sanitario propio que permite que Melilla funcione como una «zona económica especial de facto».
La Circular IM/1/2022 del Ministerio de Sanidad es clave en este contexto. No viola la normativa europea, sino que la reemplaza legalmente en territorios que Bruselas ha excluido deliberadamente de su marco regulatorio. Esto ha llevado a una situación donde Melilla opera con controles sanitarios «equivalentes» pero no «idénticos» al resto del país, utilizando sistemas como SISAEX español en lugar del TRACES NT europeo. La diferencia en los umbrales para productos y criterios de «carácter ocasional» han permitido que las mercancías viajen camufladas, facilitando el contrabando.
Las cifras del comercio oculto
Los datos oficiales de la Autoridad Portuaria revelan un incremento notable en el tráfico marítimo hacia Melilla. En 2024, se registraron **711.900 pasajeros** (+9,3% respecto a 2023) y **168.200 vehículos** (+14,1%), lo que marca un récord histórico. Sin embargo, el tráfico de mercancías se ha estancado en **454.000 toneladas**, un aumento marginal del 1,4%, muy por debajo de los niveles previos a 2018.
Este desajuste entre el aumento en el tráfico de personas y la estancada entrada de mercancías sugiere que las mercancías ya no cruzan la frontera de manera abierta, sino que se infiltran de forma encubierta. Cada vehículo que cruza puede transportar legalmente hasta 430 euros en mercancías sin declarar, lo que, en el caso de 168.200 vehículos, equivale a un potencial de comercio no declarado que supera los 72 millones de euros anuales.
Un modelo económico opaco
El caso del Tinglado 5 destaca cómo se ha institucionalizado un modelo de negocio que, aunque legal, resulta opaco. Las franquicias de viajero permiten a una familia transportar hasta 1.720 euros en mercancías sin declaración, lo que agrava la situación. Además, con cada vehículo cruzando la frontera, el límite de productos de origen no animal se ha adaptado a criterios de «uso personal», pero la realidad es que se producen miles de operaciones individuales que reflejan un sistema más sistemático que ocasional.
El proyecto del Tinglado 5, cofinanciado en un **65,7%** por fondos europeos, no ha sido solo una mejora sanitaria, sino también un vehículo que ha beneficiado a redes como la de Koldo García y José Luis Ábalos, quienes, según declaraciones ante el Tribunal Supremo, recibieron pagos por cada adjudicación significativa. Este incremento del coste del Tinglado, que pasó de 658.000 euros a 785.200 euros, muestra cómo la corrupción puede pervertir incluso los sistemas más legítimos.
A medida que el tráfico tradicional marroquí disminuye, el comercio informal melillense se dispara, evidenciando una migración hacia un modelo donde las mercancías se infiltran en pequeñas cantidades. El cierre de la aduana comercial en Beni Enzar ha transformado este punto de entrada en un «paso fantasma», donde las mercancías se camuflan como equipaje personal, complicando aún más el control aduanero.
En conclusión, el caso de Melilla y su Tinglado 5 es una ilustración de cómo el diseño institucional puede generar irregularidades sofisticadas y rentables. La frontera sur de Europa se ha convertido en un espacio donde las normas europeas no se aplican, permitiendo que España mantenga un negocio preferente con Marruecos mientras se beneficia de fondos comunitarios. La pregunta no es si hay irregularidades, sino si el propio sistema de Melilla no constituye, de facto, la irregularidad más rentable de nuestro modelo.
