La corrupción en el ámbito político vuelve a ocupar los titulares, esta vez con el ‘caso Cerdán’, un escándalo que podría tener repercusiones significativas para el Gobierno de Pedro Sánchez. Jueces, fiscales y guardias civiles están tras la pista de cinco millones de euros que, según el magistrado Puente y el fiscal Luzón, habrían sido cobrados por una supuesta trama corrupta a cambio de amañar obras públicas.
Desde que la Fiscalía Anticorrupción destapara esta red en el ministerio de Transportes, el misterio sobre el paradero del dinero ha crecido. La investigación, que incluye pinchazos telefónicos y análisis de documentación patrimonial, ha revelado que no hay indicios claros sobre cómo se dispersaron esos cinco millones. Este monto fue estimado por el juez a partir de una “inferencia basada en la lógica de la experiencia”, pero su destino final sigue siendo un enigma.
El escándalo involucra a figuras de alto perfil, como José Luis Ábalos, exministro de Transportes, y Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE, quien se encuentra en prisión desde el 1 de julio de 2023. Mientras ambos niegan las acusaciones de cohecho y tráfico de influencias, la Fiscalía ha recibido varias denuncias falsas sobre supuestas cuentas en un banco de República Dominicana relacionadas con estos altos cargos.
La investigación ha puesto de manifiesto un periodo entre junio de 2018 y julio de 2021, durante el cual se alega que se produjeron amaños en la contratación pública. Aunque no se encontraron irregularidades en la adjudicación de contratos durante la pandemia, se sospecha que el comisionista Víctor Aldama repartió beneficios entre los implicados, incluyendo a Ábalos y su asesor Koldo García.
García, quien fue recomendado por Cerdán, es un personaje clave en este entramado. La Guardia Civil ha identificado ingresos en efectivo de origen desconocido en sus cuentas bancarias, sumando un total que supera los 138 000 euros, lo que podría apuntar al cobro de mordidas. Su defensa ha tratado de justificar estos ingresos, alegando indemnizaciones previas y otros medios.
El papel de Cerdán es considerado central en esta investigación. El fiscal Luzón se encuentra convencido de que su liberación podría implicar un alto riesgo de destrucción de pruebas. Sin embargo, a pesar de la fuerte presión, la investigación ha sido dificultada por la falta de pruebas concluyentes y la aparición de bulos que complican aún más la situación.
Mientras tanto, los esfuerzos por esclarecer el destino de esos cinco millones continúan. La Fiscalía y los cuerpos de seguridad están decididos a desentrañar esta red de corrupción que ha sacudido los cimientos del Gobierno español. La presión pública y la necesidad de justicia hacen que cada día cuente en la búsqueda de la verdad detrás del ‘caso Cerdán’.
