El impacto del nuevo impuesto de solidaridad sobre las grandes fortunas ha sido notable: en 2023, la recaudación del impuesto de patrimonio se disparó hasta los 1 970 millones de euros, un 58% más que el año anterior. Este cambio se debe, en gran medida, a la eliminación de las bonificaciones autonómicas que habían permitido a muchos de los más ricos del país evitar este tributo. La decisión del Gobierno de coalición a finales de 2022 de eliminar estas bonificaciones ha dado sus frutos, permitiendo a la Hacienda pública obtener ingresos significativos a partir de los patrimonios más altos.
La Agencia Tributaria ha actualizado recientemente las cifras correspondientes a 2023, revelando que el 99% de los ultrarricos, aquellos con patrimonios superiores a 30 millones de euros, pagaron el impuesto este año. En 2022, solo un 27,5% de este grupo, que contaba con 852 declarantes, había contribuido. Esta drástica transformación se debe a la reactivación del tributo original en varias comunidades autónomas, que habían mantenido el impuesto bonificado al 100%.
Un cambio en la recaudación
La recaudación del impuesto de patrimonio en 2023 no solo se ha visto beneficiada por el aumento de los contribuyentes que efectivamente pagan, sino también por la modificación en el perfil de los mismos. En el grupo de contribuyentes con patrimonios de entre 6 y 30 millones de euros, el número de quienes pagaron el impuesto pasó del 40% en 2022 al 96% en 2023. Este cambio se ha producido en un contexto donde comunidades como Madrid y Andalucía han recuperado el impuesto tras años de bonificaciones.
Los datos revelan un aumento en la contribución de los más ricos. Los ultrarricos han triplicado su aportación, pasando de 160 millones de euros en 2022 a 485,4 millones de euros en 2023. Por su parte, los patrimonios intermedios también han incrementado su participación, duplicando su aportación de 286 millones de euros a más de 615,5 millones de euros.
La estrategia del Gobierno y sus consecuencias
El objetivo del Gobierno era claro: garantizar que todas las comunidades autónomas gravaran la riqueza de manera equitativa y evitar así desequilibrios fiscales entre territorios. La eliminación de las bonificaciones ha llevado a muchas comunidades a reinstaurar el impuesto de patrimonio, asegurando ingresos que de otro modo habrían ido a la Hacienda central.
Un ejemplo ilustrativo es el caso de Madrid, que en 2022 no registró ningún pagador del impuesto. Sin embargo, en 2023, con la entrada en vigor de la nueva tributación estatal, se sumaron 10 659 contribuyentes. Este fenómeno se repitió en Andalucía, donde el número de pagadores pasó de cero a 662 en solo un año.
A pesar de estos cambios, el diseño del impuesto incluye mínimos exentos elevados, lo que significa que no todos los declarantes llegan a pagar. En muchos casos, la recaudación se concentra en los niveles intermedios y altos de patrimonio, mientras que los tramos más bajos apenas muestran cambios significativos en sus obligaciones fiscales.
La situación actual confirma que la eliminación de las bonificaciones ha logrado que aquellos que antes no contribuían comiencen a hacerlo, cumpliendo así con los objetivos planteados por el Gobierno. Aunque la recaudación del impuesto sobre grandes fortunas ha disminuido, la estrategia de homogeneizar los tributos a nivel nacional parece estar dando sus frutos, reforzando la equidad fiscal en el país.
