La Xunta de Galicia ha denunciado la falta de financiación del Gobierno central para la acogida de 317 menores inmigrantes en la comunidad. La conselleira de Política Social, Fabiola García, advirtió que el coste de esta medida podría ascender a 30 millones de euros, un gasto que recae directamente sobre los ciudadanos gallegos.
Durante una rueda de prensa, García afirmó que la creación del centro de menores en Monforte no es un modelo deseado por la Xunta, sino una obligación impuesta por el Gobierno central. «Nuestro sistema se basa en la integración total de todas las personas bajo tutela», subrayó, destacando la preferencia por pequeños centros donde puedan convivir «niños de Galicia con niños de fuera».
Costes y falta de información del Gobierno
La conselleira reclamó al Ejecutivo de Pedro Sánchez que proporcione la financiación necesaria para atender a los menores migrantes, ya que hasta ahora no han recibido información sobre las condiciones de su llegada a Galicia, incluyendo número, fechas y circunstancias. «Solo hemos recibido 13 expedientes«, señaló, lamentando la falta de consenso en esta decisión que afecta a las comunidades autónomas.
García también advirtió que si se concretan los 317 menores en Galicia, se verán obligados a crear nuevos centros, puesto que la comunidad «no tiene capacidad residencial para acogerlos». El centro de Monforte, que dispondrá de 80 plazas, será el primero en recibir a estos jóvenes.
Reacciones y críticas locales
En respuesta a las críticas del alcalde de Monforte, José Tomé, quien afirmó que no fue consultado sobre la llegada de los migrantes a su municipio, García lamentó sus palabras y destacó su compromiso solidario. «No debería protestar por la creación del centro en su territorio, sino dar las gracias por ello», afirmó.
Asimismo, ante las acusaciones del BNG sobre la creación de «guetos» para migrantes, la conselleira defendió que el centro escogido está en «perfectas condiciones» para recibir a los menores. En relación a las críticas por la paralización de las negociaciones de convenios colectivos en el sector de cuidados, García recordó que la Xunta ha mostrado su disposición para elaborar nuevos protocolos de seguridad, aunque subrayó que el Servizo de Axuda no Fogar (SAF) es competencia municipal, tal como establece la Ley de Servicios Sociales.
