La polémica en torno a la organización de la feria ganadera y de tradiciones ‘La Pará de Gines’ sigue en el foco mediático tras las denuncias de dos exconcejalas del extinto Grupo municipal de Imagines. Estas denunciantes acusan a la Fiscalía de «extralimitarse» en su petición de archivo del caso, pidiendo al juzgado que ordene al Ministerio Público «rectificar» sus «orientaciones» a las defensas sobre la controversial ‘Doctrina Botín’.
La Fiscalía ha solicitado el cierre del caso al no apreciar delitos, lo que ha llevado a las denunciantes a reaccionar, especialmente ahora que se cumple un año desde que el juez José Ignacio Vilaplana ordenó la continuación de las actuaciones contra un total de 20 investigados. Entre estos figuran personalidades relevantes como el actual alcalde, el socialista Romualdo Garrido, su antecesor Manuel Camino, y varios funcionarios, así como cuatro ex hermanos mayores de la Hermandad del Rocío.
El caso se centra en presuntas irregularidades cometidas durante la organización de la feria, que involucró importantes recursos municipales sin la debida regulación legal. A pesar de que la Fiscalía admite que existieron acuerdos plenarios autorizando gastos para el evento, considera que la falta de un marco normativo adecuado no constituye una ilegalidad penal. Sin embargo, el escrito del Ministerio Público reconoce que la gestión municipal no fue totalmente respetuosa con el ordenamiento jurídico.
Las denunciantes han marcado su postura respecto a la ‘Doctrina Botín’, que impide la apertura de juicio oral cuando no hay acusación por parte de la Fiscalía ni de la parte perjudicada. En este caso, únicamente figura una acusación popular, ejercida por el PP y las dos exconcejalas. Según sus declaraciones, la Fiscalía estaría interfiriendo en la estrategia de defensa de los acusados, lo que podría vulnerar sus derechos fundamentales y garantizar la igualdad procesal.
El escrito de la Fiscalía también indica que la no exigencia del pago de tasas no equivale a un ilícito penal doloso. No obstante, las exconcejalas argumentan que la jurisprudencia del Tribunal Supremo establece que cualquier intervención indebida del Ministerio Fiscal que afecte al derecho de defensa puede ser motivo de nulidad de las actuaciones.
Por ello, solicitan al juez que declare la «nulidad parcial» del escrito de la Fiscalía y que ordene al Ministerio Público que ajuste sus orientaciones a sus funciones legales. La tensión continúa en este caso que ha captado la atención del público y que podría tener implicaciones significativas para los implicados en la organización de la Pará de Gines.
