La Unión Europea se encuentra en la senda de la desregulación a través del paquete Ómnibus, un conjunto de leyes que se están debatiendo actualmente y que surgen a raíz de una recomendación del informe Draghi sobre la competitividad. Este informe advierte sobre el estancamiento económico del bloque y propone medidas «simplificadoras» que, según expertos, podrían vulnerar el medioambiente y los derechos humanos.
Para comprender este cambio de dirección, es crucial analizar la configuración del Parlamento Europeo. La abogada Alexandra Castro Franco subraya que la pérdida de más del 35% de los escaños del Partido Verde hacia 2020 ha permitido que partidos más conservadores y de extrema derecha ganen terreno, alterando el discurso hacia una lógica desreguladora. Además, la guerra en Ucrania ha impactado en la política energética de varios países europeos, especialmente en Hungría y Polonia.
Este cambio ha creado un escenario favorable para la aprobación de leyes que diluirán la responsabilidad de las empresas respecto a los derechos humanos y el daño ambiental. Actualmente, las compañías están obligadas a cumplir con un deber de vigilancia que incluye la responsabilidad en cualquier territorio donde operan, pero este marco normativo está en peligro. «Los recortes en la normativa de vigilancia dificultarán que las víctimas y ONG puedan acceder a la justicia en la Unión Europea», advierte Castro Franco.
Uno de los aspectos más preocupantes de esta iniciativa es la reducción del número de empresas obligadas a presentar informes sobre el deber de vigilancia, lo que se estima que podría disminuir en un 80%. Esto significa que muchas empresas se librarán de la responsabilidad, quedando todo a la buena voluntad de los actores privados, sin posibilidad de acción judicial.
Impacto en Latinoamérica
Las repercusiones de esta desregulación no se limitarán a Europa; también afectarán a Latinoamérica, que es un proveedor clave de materias primas para la UE. Aunque los países de la región no están sujetos a los mismos deberes de reporte, muchos han avanzado en la protección del medio ambiente, como lo demuestra el Acuerdo de Escazú. Castro Franco destaca que la disminución de estándares europeos podría incentivar prácticas negativas en un continente que ya enfrenta desafíos en términos de derechos humanos y medioambientales.
«Es lamentable que estos estándares europeos se reduzcan, ya que esto favorecerá prácticas problemáticas en las largas cadenas de suministro que caracterizan a nuestra región», añade. En este contexto, el deber de vigilancia ha sido esencial para llevar ante la justicia a grandes transnacionales, como el grupo francés Casino, que ha enfrentado acusaciones por deforestación en Colombia y Brasil.
Relaciones comerciales bilaterales
La relación comercial entre Europa y Latinoamérica es robusta, generando más de 290 mil millones de euros anuales. A pesar de los retos actuales, el tratado de libre comercio entre países de Sudamérica y Europa, conocido como Mercosur, aún está en negociaciones y podría concluirse en un futuro próximo.
El paquete Ómnibus será discutido en sesión plenaria en el Parlamento Europeo el 20 de octubre, y posteriormente, se iniciará un largo proceso de transposición en cada país miembro. La situación exige atención, ya que los cambios propuestos podrían tener repercusiones significativas en la protección del medio ambiente y los derechos humanos, tanto en Europa como en Latinoamérica.
