El Gobierno ha decidido fijar un número mínimo de profesores especialistas que deben estar presentes en las escuelas para apoyar a los alumnos con necesidades educativas especiales. Este grupo incluye a estudiantes con discapacidad física, intelectual o sensorial, así como aquellos que presentan trastornos severos, como el autismo. Sin embargo, no se contemplan en esta medida a los alumnos en situación de vulnerabilidad económica ni a los que tienen dificultades de aprendizaje como la dislexia.
En la actualidad, el número de especialistas en las aulas es determinado por cada comunidad autónoma. Con la entrada en vigor del nuevo proyecto legislativo que el Ministerio de Educación está preparando, será el Gobierno quien se encargue de establecer el número mínimo de docentes de Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje (PT y AL). Una vez establecido este mínimo, cada territorio podrá decidir si lo amplía.
Mejoras en el sistema educativo
Este avance ha sido confirmado por el secretario de docentes de la educación pública no universitaria de CCOO, Héctor Adsuar López, quien ha indicado que la redacción sobre la presencia de especialistas en las aulas es todavía ambigua y ha solicitado al Gobierno que la aclare en próximos borradores. “Que el ministerio sea el que decrete el número mínimo a nivel estatal es un gran avance porque, hasta ahora, los apoyos educativos están regulados de manera desigual en función de la comunidad autónoma donde esté ubicado el colegio”, ha manifestado Adsuar tras una reunión con los representantes de otros sindicatos como Csif y UGT.
El número de alumnos con necesidades educativas especiales en España ha aumentado considerablemente en los últimos seis años, alcanzando casi el millón de estudiantes, lo que representa un incremento del 75,2%. Para cubrir el apoyo necesario y lograr una «verdadera educación inclusiva», un reciente informe de CCOO estima que se requerirá una inversión de 5 126 millones de euros por parte de todas las administraciones educativas.
Reducción de ratios y horas lectivas
El proyecto de ley también plantea una reducción de las ratios en las aulas, una de las principales demandas de los profesionales de la enseñanza. Según la propuesta, las clases de educación primaria tendrán un máximo de 22 alumnos (frente a los 25 actuales), mientras que en educación secundaria obligatoria y bachillerato se limitarán a 25 alumnos (frente a los 30 actuales). Es importante destacar que, en el recuento de estudiantes, los alumnos con necesidades educativas especiales contarán como dos, una medida que entrará en vigor el próximo curso tras su aprobación en el Parlamento.
Esta reducción de ratios se implementará de forma gradual hasta 2031. En algunos casos, esto implicará dividir una clase en dos. El anteproyecto también especifica que si un colegio no puede aplicar esta medida por cuestiones de espacio, se le dotará de profesorado adicional. Sin embargo, no se contempla la reducción de ratios en formación profesional, que actualmente establece 20 alumnos para el grado básico y 25 alumnos para el grado medio, a pesar de las peticiones de los docentes para que se reduzcan a 15 y 20 alumnos respectivamente.
Por otra parte, el ministerio también ha aceptado disminuir las horas lectivas. El anteproyecto establece que el horario de docencia no superará las 23 horas en educación infantil, primaria y educación especial, mientras que en el resto de la enseñanza no universitaria se fijará en 18 horas. Esta medida se aplicará también a partir del próximo curso escolar y se refiere exclusivamente al tiempo de docencia en el aula, ya que la jornada laboral de los docentes abarca un total de 37,5 horas que incluye otras actividades.
La próxima reunión entre el ministerio y los sindicatos, que aún no tiene fecha fijada, se llevará a cabo en un formato de mesa sectorial, lo que le otorga mayor peso que las reuniones anteriores. Una vez que el texto reciba el visto bueno del Consejo de Ministros y otras instituciones, será presentado ante el Congreso y el Senado para su aprobación definitiva y posterior entrada en vigor.
