El 2 de noviembre de 2025, el Departamento de Justicia de Estados Unidos confirmó que la ofensiva contra el narcotráfico en el Caribe no está sujeta a la Resolución de Poderes de Guerra de 1973, lo que permite al presidente Donald Trump extender las operaciones en esta región latinoamericana de manera indefinida. Esta resolución, que obliga al Gobierno a solicitar la autorización del Congreso tras sesenta días de hostilidades, fue aprobada para evitar conflictos prolongados como el de Vietnam, que costó a EE UU más de 58 000 bajas.
La Administración republicana argumenta que sus ataques a narcolanchas venezolanas y colombianas no se pueden considerar hostilidades. Un alto cargo del Departamento de Justicia explicó que los ataques, realizados principalmente con drones, son precisos y no suponen un peligro para el personal estadounidense, dado que la distancia entre los buques de la Armada y las lanchas es demasiado grande.
La ofensiva en el Caribe
Este debate sobre la legalidad de las acciones militares en el Caribe es crucial, ya que se prevé que Trump complete su despliegue aeronaval en la zona con la llegada del portaaviones USS Gerald Ford. La concentración de fuerzas asciende a doce navíos de guerra, un submarino nuclear y una decena de cazas, bombarderos, helicópteros y drones.
El Pentágono llevó a cabo su primer ataque contra una narcolancha el 2 de septiembre, informando al Congreso dos días después. Desde entonces, el tiempo ha comenzado a contar. Si se considera que las hostilidades encuadran dentro de la resolución de 1973, Trump deberá ordenar el levantamiento del despliegue o solicitar una prórroga al Congreso antes del 4 de noviembre.
Consecuencias de la campaña militar
El secretario de Defensa, Pete Hegseth, anunció que este fin de semana se realizó un nuevo bombardeo contra una embarcación identificada por los servicios de Inteligencia como participante en el contrabando de narcóticos, resultando en la muerte de tres tripulantes. Con este ataque, el Pentágono ha llevado a cabo alrededor de quince operaciones, que han causado la muerte de al menos 64 personas.
El futuro de esta ofensiva y su relación con la legalidad de las acciones militares en el Caribe son temas de creciente preocupación, especialmente ante la incertidumbre sobre el apoyo del Congreso. La correlación de fuerzas en la Cámara de Representantes podría influir en las decisiones del presidente, complicando aún más la situación en la región.
