El Senado ha aprobado una moción que exige a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, que informe trimestralmente sobre el funcionamiento de las pulseras de control de maltratadores. Esta decisión se enmarca dentro de las estrategias acordadas en el pacto de Estado contra la violencia de género, impulsada por el Partido Popular (PP).
La Comisión de Seguimiento y Evaluación de estas estrategias ha solicitado al Gobierno que adopte las medidas necesarias para garantizar el correcto funcionamiento del sistema Cometa, además de sustituir los dispositivos que no cumplan con los estándares de seguridad. La senadora del PP, Nidia María Arévalo, ha criticado la falta de transparencia de Redondo, señalando que «el sistema ha fallado y sigue fallando, no son incidencias puntuales, sino recurrentes».
En contraste, la senadora socialista Pasión Gador Romero defendió la gestión del ministerio, asegurando que «el sistema funciona y se garantiza la protección de las mujeres». No obstante, reconoció la necesidad de culminar la licitación del nuevo pliego del sistema Cometa, que incluirá mejoras tecnológicas.
Prioridad para las víctimas rurales
Además, la Comisión del Senado ha abordado la situación de las víctimas de violencia de género en zonas rurales, aprobando otra moción del PP que las sitúa como una prioridad. Esta iniciativa se centra en los municipios de menos de 30 000 habitantes, instando a dotar de más recursos específicos para la atención a estas víctimas, así como para ayudar a su incorporación al sistema VioGén.
Las propuestas incluyen la revisión de algoritmos para mejorar la predicción del riesgo y la atención integral a las víctimas, que abarcaría la inclusión de psicólogos, abogados y trabajadores sociales itinerantes. La senadora María Carmen Isabel Pobo recordó que más del 52,5 % de las mujeres asesinadas el año pasado residían en municipios rurales, donde los recursos son escasos.
Desacuerdos en el ámbito municipal
Por otro lado, la falta de acuerdo entre el PP y el PSOE en la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha impedido la lectura de un manifiesto común contra la violencia de género en los ayuntamientos para el 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. La presidenta de la FEMP, María José García-Pelayo, destacó el compromiso de la entidad en la lucha contra esta problemática, a pesar de las diferencias en las declaraciones.
La vicepresidenta de la comisión por la Lucha contra la Violencia de Género de la FEMP, Candelaria Testa, criticó que el PP haya cruzado «una línea crítica», sugiriendo que el partido debe elegir entre estar del lado de las mujeres o de aquellos que niegan la violencia machista. La falta de un manifiesto común ha sido calificada por algunos como un ataque a los valores democráticos.
La senadora Amparo Torres también expresó que la preocupación por las víctimas del ámbito rural se refleja en los gobiernos que preside el PP, instando a este partido a no subordinarse a las demandas de Vox. La situación en Galicia, Cataluña, Andalucía y la Comunidad Valenciana, que lideran las estadísticas de asesinatos en el ámbito rural, ha sido considerada «especialmente preocupante».
La lucha contra la violencia de género continúa siendo un tema de debate crucial en el seno del Senado y entre las distintas fuerzas políticas, donde la atención a las víctimas y la mejora de los sistemas de protección son aspectos que parecen consensuarse, aunque los caminos para llegar a ellos divergen notablemente.
