El alcalde de Estepona, José María García Urbano, se encuentra bajo investigación por el Juzgado de Instrucción número 5 de Estapona por presuntos delitos de malversación de caudales públicos y acoso sexual. Según el auto del juez, existen “indicios suficientes” para continuar con el procedimiento de investigación relacionado con la contratación de C.P., una mujer a la que habría contratado como personal eventual sin que conste que realizara trabajo alguno.
Este caso se complica aún más al añadirse otro procedimiento judicial que apunta a un posible uso indebido del poder público. García Urbano habría concedido un espacio municipal a una empresa vinculada a la pareja de su hijo. Sin embargo, más allá de estas acusaciones, el alcalde también fue denunciado por acoso sexual a un funcionario público, un policía local, y a su esposa, denuncia que fue archivada posteriormente.
Detalles del Acoso y la Malversación
En octubre de 2024, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Estepona inició diligencias previas por un presunto delito de acoso sexual. El denunciante, marido de C.P., afirmaba que el alcalde había acosado sexualmente a su esposa, indicando que ella se sintió obligada a acceder a las “pretensiones sexuales del denunciado por miedo a perder su trabajo”. Se mencionó que García Urbano ofreció al denunciante una ayuda mensual de 2.000 euros y contactaba con él de manera insistente.
García Urbano, ante estas acusaciones, emitió un comunicado donde calificaba la denuncia de “falsa” y parte de una supuesta campaña para dañar su imagen. A pesar de esto, el juez archivó la denuncia, concluyendo que no existió coacción en las relaciones sexuales entre los implicados. El juez también recogió información sobre las interacciones entre García Urbano y C.P., revelando detalles de conversaciones que podrían implicar una relación más íntima.
En el mismo procedimiento, el juez decidió abrir una causa judicial por malversación tras reconocer que C.P. fue contratada sin realizar labores en el Ayuntamiento. Durante el periodo de su contratación, se determinó que García Urbano había pagado un total de 21.000 euros a C.P. en concepto de alquiler de una vivienda en Estepona, antes de dejar de pagar y contratarla como personal de confianza entre el 13 de febrero y el 31 de marzo de 2023, por un total de 5.276 euros.
Defensa del Alcalde y Reacciones del Ayuntamiento
Desde el Ayuntamiento de Estepona se defienden las acciones del alcalde, argumentando que la prórroga de la instrucción es necesaria para que García Urbano pueda defenderse adecuadamente de lo que consideran una acusación falsa. La defensa del alcalde sostiene que la Audiencia Provincial ha dado la razón a García Urbano al archivar la denuncia por acoso, confirmando la falsedad del relato del denunciante.
La administración local insiste en que no ha habido irregularidades en las contrataciones realizadas durante el mandato de José María García Urbano. Aseguran que las acusaciones son parte de una “inadmisible e injusta campaña política y mediática” con el objetivo de dañar la imagen y trayectoria del alcalde.
