La Generalitat Valenciana ha dado un paso significativo en la lucha contra la crisis de vivienda al anunciar la construcción de 110 viviendas de protección pública en Sant Joan d’Alacant. La vicepresidenta y consellera de Servicios Sociales, Vivienda y Juventud, Susana Camarero, ha revelado que este proyecto es parte de una estrategia más amplia que incluye la licitación de cerca de 800 viviendas en la región, un número que se espera que aumente en los próximos meses.
En la última reunión del Consejo de Dirección de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVHA), se aprobó la enajenación por concurso de tres parcelas en el sector Parque Ansaldo, conocido como L’Alquería, para facilitar la construcción de estas viviendas. Se prevé que el pleno del Consell apruebe esta medida en su próxima sesión.
Detalles del proyecto de vivienda
Las parcelas seleccionadas están ubicadas en la Avenida Comunitat d’Andalusia y las calles Principat d’Astúries y Comtat de Fabrequer. La primera de ellas, con una superficie de 3 550 metros cuadrados, albergará aproximadamente 56 viviendas. La segunda parcela, de 1 327 metros cuadrados, permitirá la construcción de 36 viviendas, mientras que la tercera parcela, que ocupa 1 180 metros cuadrados, dará lugar a 18 viviendas.
Este enfoque forma parte del Plan Vive, que busca aumentar la oferta de vivienda protegida mediante diversas fórmulas, incluyendo el régimen de permuta. En este caso, las empresas adjudicatarias de los solares entregarán a la Generalitat un número determinado de unidades de vivienda, que se integrarán en el parque público de vivienda asequible.
Colaboración y consenso
Susana Camarero ha enfatizado la importancia de la colaboración con los ayuntamientos y el sector privado para afrontar la escasez de vivienda, afirmando que es fundamental «escuchar las necesidades de la ciudadanía y ofrecer soluciones». Este enfoque colaborativo es esencial para abordar un problema que afecta a muchas familias en la Comunidad Valenciana.
Con esta iniciativa, la Generalitat Valenciana no solo busca aumentar la vivienda asequible, sino también responder directamente a una demanda creciente, asegurando que los ciudadanos tengan acceso a una vivienda digna y adecuada.
