Un tribunal federal en Massachusetts ha confirmado la suspensión de una controvertida orden ejecutiva de Donald Trump que pretendía negar la ciudadanía estadounidense por nacimiento a los hijos de inmigrantes en situación irregular. Esta decisión representa el tercer revés judicial para el expresidente en un mes, evidenciando las dificultades que enfrenta para implementar políticas que, según los jueces, vulneran derechos fundamentales.
Detalles de la decisión judicial
El juez federal de distrito Leo Sorokin reafirmó su fallo original, dictado en febrero de 2025, que detuvo la aplicación de esta medida en más de una docena de estados. Sorokin argumentó que su decisión sigue siendo válida a nivel nacional, amparándose en una excepción establecida por la reciente sentencia de la Corte Suprema del 27 de junio, que limita el alcance de los tribunales inferiores al bloquear decisiones del Ejecutivo federal.
Esta orden había suscitado una fuerte oposición desde su anuncio, con varios estados, liderados por Nueva Jersey, presentando impugnaciones legales. Los demandantes argumentaron que la medida tendría graves consecuencias económicas y sociales, incluyendo la posible pérdida de reembolsos federales por servicios médicos y sociales para menores, que dejarían de ser reconocidos como ciudadanos si se aplicara el decreto.
Reacciones y contexto político
El fiscal general de Nueva Jersey, Matthew Platkin, celebró la reafirmación del fallo como una importante victoria para la protección de los derechos constitucionales. La controvertida orden fue firmada por Trump en su segundo día como presidente, como parte de su agenda para endurecer las políticas migratorias y fomentar deportaciones masivas. Sin embargo, esta iniciativa contraviene directamente la Enmienda 14 de la Constitución, que establece que toda persona nacida en territorio estadounidense es ciudadano, independientemente del estatus migratorio de sus padres.
La reiteración de fallos judiciales desfavorables pone de manifiesto las complicaciones que enfrenta el expresidente al tratar de avanzar con políticas que son consideradas inconstitucionales por el sistema judicial. Este contexto resalta la creciente resistencia legal que ha encontrado su administración en el ámbito de la inmigración, un tema que sigue generando un intenso debate en la sociedad estadounidense.
