La OCDE ha decidido modificar el impuesto mínimo global del 15% que afecta a las multinacionales, una medida presentada en 2021 como un cambio fundamental en la fiscalidad internacional. Este impuesto establece que las empresas que facturan más de 750 millones de euros deben pagar un mínimo del 15% de impuestos sobre sus beneficios, independientemente de su ubicación, con el objetivo de evitar que grandes corporaciones desvíen sus ganancias a países con menores tasas impositivas.
El propósito de esta normativa era claro: corregir una anomalia en la que las pequeñas y medianas empresas, junto con los trabajadores, tributan en los territorios donde operan, mientras que muchas grandes empresas han logrado eludir esta responsabilidad. Sin embargo, la reciente decisión de la OCDE de adaptar este impuesto a las exigencias de Estados Unidos introduce una excepción significativa, excluyendo a las multinacionales estadounidenses del gravamen internacional.
El impacto de la decisión en la fiscalidad global
La razón detrás de esta modificación se debe a que se considera que Estados Unidos ya aplica un sistema propio para gravar los beneficios obtenidos en el extranjero. Así, se acepta un modelo alternativo que sigue reglas nacionales, lo que altera la simetría del sistema fiscal global. Este cambio es el resultado de la resistencia estadounidense, que, bajo la administración de Donald Trump, mostró una oposición contundente al acuerdo, amenazando con represalias fiscales.
La consecuencia de este giro es que el pilar dos, que forma la base del impuesto mínimo, queda debilitado. Las empresas europeas y de otros países tendrán que cumplir unas normas más estrictas que sus homólogas estadounidenses, generando una ventaja competitiva desigual. Este desarrollo no solo plantea un desafío a la equidad fiscal, sino que también refleja un desequilibrio de poder en la gobernanza global.
Retos para la Unión Europea y la justicia fiscal
La Unión Europea ya ha incorporado este impuesto a su legislación, lo que plantea preguntas tanto técnicas como políticas. ¿Es coherente mantener una directiva que se ha quedado obsoleta? ¿Cómo pueden las autoridades explicar a la ciudadanía que el esfuerzo por una fiscalidad más justa se ve obstaculizado por excepciones dictadas por los más poderosos?
A pesar de las dificultades, el impuesto mínimo global se mantiene como una herramienta valiosa para luchar contra la evasión fiscal, pero su credibilidad depende de la coherencia del sistema. Si se le retira un pilar clave, la estabilidad del mismo queda en entredicho. La solución no radica en abandonar el camino, sino en reforzar la cooperación internacional y exigir reglas claras y compartidas. La justicia fiscal, al igual que la confianza, se construye sin atajos y con normas que sean válidas para todos.
