La violencia contra el personal sanitario, así como las instalaciones médicas y el transporte relacionado, ha experimentado un aumento alarmante en la última década, según un comunicado conjunto de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Médicos Sin Fronteras (MSF) y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR). Esta situación se ha presentado a raíz de la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, que pedía garantizar la protección de estos profesionales y servicios esenciales en contextos de conflicto.
Las organizaciones han manifestado, en declaraciones realizadas el 4 de mayo de 2023, que el escenario actual es «aún peor que hace diez años». Los ataques contra el personal médico y los pacientes no solo han resultado en muertes y lesiones, sino que también se consideran un reflejo de una «falta de voluntad política» para abordar esta crisis.
Consecuencias de la violencia en la atención sanitaria
Los equipos de estas organizaciones, que operan en primera línea de conflicto, han sido testigos de las «catastróficas consecuencias» que conlleva la violación de la atención médica. Hospitales han quedado reducidos a escombros, ambulancias han sufrido retrasos y el personal se ha visto atrapado en medio de ataques, lo que ha llevado a pacientes a fallecer por heridas que podrían haber sido tratadas.
«Cuando los hospitales y quienes brindan atención médica son atacados, nos enfrentamos no solo a una crisis humanitaria, sino a una crisis de humanidad», han advertido. Este mensaje resalta la necesidad urgente de que la atención sanitaria no se convierta en una víctima más de la guerra.
Acciones necesarias para garantizar la protección
Ante esta situación crítica, OMS, MSF y CICR han instado a los gobiernos a traducir los compromisos existentes en acciones concretas que implementen la Resolución 2286. Esto incluye promover la protección significativa para los hospitales y garantizar que la atención médica esté integrada en la doctrina y las directrices operacionales de las fuerzas armadas y de seguridad.
Las organizaciones han solicitado, además, la revisión y fortalecimiento de las leyes nacionales que protejan la atención médica en conflictos armados. También han enfatizado la importancia de asignar recursos financieros y operativos suficientes para este objetivo y utilizar todos los medios disponibles para influir en las partes en conflicto a cumplir con sus obligaciones de proteger la atención médica.
Por último, han demandado la realización de investigaciones rápidas, transparentes e imparciales sobre los ataques contra la atención sanitaria y el apoyo a la rendición de cuentas conforme a los marcos jurídicos aplicables. Las organizaciones piden que se informe periódicamente sobre la aplicación de la Resolución 2286, incluyendo los avances y desafíos, para garantizar la plena implementación de la misma.
