Cuatro ciudadanos españoles, que estuvieron encarcelados en Venezuela por el régimen chavista, regresaron a España el 9 de enero de 2026. A su llegada al aeropuerto de Barajas, no hicieron declaraciones a la prensa, manteniendo un silencio que parece cuidadosamente gestionado por el Ministerio de Asuntos Exteriores. Salieron rápidamente, protegidos y sin realizar comparecencias públicas, lo que genera interrogantes sobre las circunstancias de su liberación.
Los excarcelados, José María Basoa Valdovinos, Andrés Martínez Adasme, Ernesto Gorbe Cardona y Miguel Moreno Dapena, tienen trayectorias personales muy diferentes, pero todos comparten el mismo patrón de represión documentado por organismos internacionales. Sus detenciones arbitrarias, las acusaciones vagas y la prolongada incomunicación son prácticas sistemáticas del régimen venezolano, que se asocia a la tortura y los malos tratos en centros como El Helicoide.
Un silencio inquietante
La falta de denuncias públicas sobre las condiciones de su encarcelamiento deja una sensación de desconcierto. A pesar de que tienen la libertad de hablar y no enfrentan amenazas directas, estos españoles no han hecho ninguna declaración sobre la ilegalidad de su detención ni sobre la farsa judicial que vivieron. Esto contrasta con la situación de otros excarcelados, como la abogada hispano-venezolana Rocío San Miguel, quien, aunque liberada, enfrenta restricciones que le impiden hablar abiertamente.
El comportamiento del Gobierno español en este contexto es igualmente preocupante. No ha habido exigencias públicas sostenidas hacia el régimen chavista ni una defensa clara de sus ciudadanos. El embajador de España en Venezuela, nombrado en diciembre de 2024, no ha realizado ninguna denuncia contundente sobre la situación de los presos españoles. Esta falta de acción resalta un enfoque que evita incomodar al régimen, dejando a los ciudadanos con la sensación de que sus derechos han sido ignorados.
Comparativa con Italia y la complicidad silenciosa
La situación de los españoles contrasta fuertemente con la respuesta del Gobierno italiano, que ha recibido a sus ciudadanos excarcelados como víctimas de una dictadura. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha facilitado que estos denuncien públicamente las arbitrariedades sufridas, algo que el Gobierno español ha eludido. Este silencio puede interpretarse como una cobardía política que afecta a todos los españoles.
Los testimonios de los excarcelados italianos sobre torturas y condiciones inhumanas son alarmantes y, es razonable suponer, que los españoles han pasado por experiencias similares. Las condiciones de hacinamiento, la falta de acceso a atención médica, y las amenazas de muerte son comunes en los centros de detención venezolanos. Sin embargo, el silencio de los españoles plantea interrogantes sobre las negociaciones que han llevado a su excarcelación.
La falta de denuncia sobre las torturas y el trato inhumano en las cárceles venezolanas no es solo una cuestión retórica, sino una obligación moral y legal. La Convención contra la Tortura, de la cual España es parte, impone claras responsabilidades para investigar y sancionar tales prácticas, independientemente de donde ocurran. La situación actual pone de manifiesto la falta de compromiso del Gobierno español con estos principios.
La pregunta que queda es: ¿quién ha influido en el silencio de los excarcelados españoles? Si el Gobierno de España ha condicionado su liberación a un pacto de silencio, la situación se convierte en un rescate encubierto, no en una verdadera liberación. La voz de estos ciudadanos merece ser escuchada y su historia, contada.
