La discusión sobre la prórroga de la moratoria de desahucios para inquilinos vulnerables resurge en España, un año más, en un contexto donde la protección de los más desfavorecidos se enfrenta a la realidad de quienes dependen del alquiler. Esta medida, instaurada durante la pandemia, busca evitar que aquellos que no pueden hacer frente al pago de su renta queden en la calle, pero plantea cuestiones fundamentales sobre la justicia y la eficiencia económica.
El dilema de la justicia social
En un Estado social y democrático como el nuestro, la responsabilidad de evitar que personas en situaciones precarias se queden sin hogar recae en la sociedad en su conjunto, no exclusivamente en los arrendadores. Como señala Rodrigo Tena, es crucial distinguir entre la justicia conmutativa, que se centra en el equilibrio de un contrato, y la justicia distributiva, que considera las condiciones de los individuos implicados. Este enfoque implica que el Estado debe ser quien decida cómo y a quién ayudar, asegurándose de que las personas vulnerables puedan acceder a una vivienda digna.
Los arrendadores, independientemente de su situación económica, tienen derecho a recibir el pago por el uso de sus propiedades. Negarles este derecho no solo resulta injusto, sino que puede tener consecuencias negativas en el mercado de la vivienda. La prolongación de la moratoria de desahucios podría estar relacionada con un aumento de la escasez de viviendas en alquiler y, por ende, con el incremento de los precios de las rentas.
Consecuencias económicas y sociales
Estudios previos, como el de Mora-Sanguinetti en 2012, han demostrado que la dificultad para llevar a cabo desahucios se traduce en una reducción de la oferta de vivienda en alquiler, lo que a su vez eleva los precios y genera más personas sin hogar. Este fenómeno se ha observado en Estados Unidos durante la pandemia, donde la moratoria de desahucios resultó en un aumento de la discriminación en el acceso al alquiler. Así, la protección temporal de unos pocos podría perjudicar a muchos, especialmente a los más vulnerables.
A pesar de que el Ministerio de Economía cuenta con expertos que conocen estos estudios, el Gobierno parece priorizar una narrativa política sobre una solución efectiva a largo plazo. La estrategia de presentar la moratoria como un «escudo» para los inquilinos vulnerables podría ser atractiva a corto plazo, pero los efectos adversos, como el aumento de precios y la exclusión del mercado, son inevitables y afectan a la mayoría.
Al final, la solución al problema de la vivienda no debe recaer en el arrendador, sino que debe ser responsabilidad del Estado buscar alternativas que garanticen el acceso a la vivienda a aquellos que realmente lo necesitan. En este contexto, es fundamental que las políticas públicas se alineen con la justicia social y la eficiencia económica, para así evitar que la lucha por los derechos de unos se convierta en la miseria de otros.
En la mayoría de los países europeos, las moratorias de desahucios no han superado el año 2022. La tendencia en España, por lo tanto, se aleja de las prácticas más efectivas observadas en el entorno y se adentra en un camino que podría acercarse al peronismo, según algunos analistas. La búsqueda de soluciones justas y sostenibles es más necesaria que nunca en un momento en que la crisis de la vivienda se agrava.
