La Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) se encuentra en una situación crítica debido a un ataque sin precedentes por parte de las autoridades y el gobierno argentino. Más de 300 contratos de personal vencen el próximo 31 de marzo de 2026, y hasta el momento no hay certezas sobre su renovación, lo que ha generado un ambiente de incertidumbre y preocupación en el sector nuclear.
La CNEA, reconocida internacionalmente por su labor en energía nuclear y tecnologías relacionadas con elementos radioactivos, ha sido víctima de un proceso de desmembramiento desde los años noventa. En aquella época, el gobierno de Carlos Menem intentó finalizar su actividad, un intento que hoy el gobierno de Javier Milei parece haber revitalizado. La gestión actual, caracterizada por un enfoque libertario, ha dejado los sueldos de los empleados en niveles alarmantemente bajos. Según datos internos, un profesional del sector cobra menos de 1 500 000 pesos, lo que ha provocado la fuga de alrededor de 500 ingenieros y técnicos en los dos años de mandato de Milei.
Desmantelamiento de proyectos y precarización laboral
El escenario se ha vuelto aún más desolador con el abandono de proyectos clave como el reactor Carem, un prototipo de reactor de pequeña y mediana escala (SMR), que fue descontinuado apenas comenzó el nuevo gobierno. Además, la CNEA enfrenta una deuda significativa con proveedores de servicios esenciales, lo que ha llevado a situaciones críticas, como la falta de suministros básicos en el Centro Atómico de Ezeiza, donde se ha dejado de proporcionar papel higiénico y el servicio médico ha cesado.
Los nuevos líderes de la CNEA, Martín Porro y Federico Ramos Napoli, han llegado al cargo tras escándalos por sobreprecios en la planta de Atucha, y su gestión ha estado marcada por ajustes y recortes en Dioxitek, la empresa responsable de la producción del dióxido de uranio natural. En una reciente entrevista, ambos mencionaron que la CNEA sufría de un «sobredimensionamiento», lo que ha desatado críticas y protestas entre los trabajadores.
Protestas y lucha por la defensa del sector
En respuesta a la crítica situación, diferentes gremios, como ATE, han solicitado reuniones con el gobierno sin obtener respuesta, lo que ha llevado a la organización de asambleas de trabajadores en todo el país. Una científica de la CNEA expresó que «hay que defender estos puestos de trabajo, no podemos tener otra pérdida generacional como en los años noventa, la transmisión del conocimiento es clave para el desarrollo de una sociedad». Los empleados de la CNEA realizan tareas esenciales no solo en energía nuclear, sino también en la producción de radioisótopos para la medicina y otros proyectos vitales.
La creciente militarización en las instalaciones de trabajo, con la presencia de gendarmes armados, ha añadido un clima de represión y miedo entre los trabajadores. Esta situación, coincidiendo con el aniversario de un golpe de estado que afectó a decenas de empleados de la CNEA, ha despertado un profundo malestar en la comunidad científica, que se siente amenazada por un plan que busca desmantelar el sistema científico-tecnológico argentino.
La CNEA se enfrenta a un momento decisivo. La lucha por la renovación de los contratos es solo el primer paso en un enfrentamiento más amplio contra la precarización y el desmantelamiento del sector nuclear. La situación actual es un reflejo de un ataque sistemático a la ciencia y la soberanía del país, que requiere una respuesta unificada y decidida.
