El Gobierno de Pedro Sánchez ha aprobado un plan que permitirá la regularización de más de 500.000 inmigrantes irregulares en España, un movimiento que ha suscitado preocupaciones en el ámbito europeo. Este proceso, que comenzará en abril y se extenderá hasta junio de 2026, exige que los solicitantes demuestren una estancia continua de cinco meses antes del 31 de diciembre de 2025, además de no tener antecedentes penales graves.
Las nuevas normativas, que también incluyen a solicitantes de asilo y a sus hijos dependientes, permitirán la obtención de un permiso inicial de un año, renovable por cuatro más. Además, durante el proceso, se suspenderán las expulsiones y se otorgará la posibilidad de trabajar en cualquier sector. No obstante, el Gobierno reconoce que solo dispone de «estimaciones» sobre la población irregular, lo que dificulta la obtención de cifras precisas.
El aviso de Bruselas y sus implicaciones
El comisario europeo, Brunner, ha expresado sus preocupaciones sobre el impacto que esta regularización podría tener en otros Estados miembros. Según Brunner, si un inmigrante regularizado decide trasladarse a otro país de la Unión Europea y comete una infracción, España estaría obligada a repatriarlo, lo que contrasta con las normativas de libre circulación que rigen en el espacio Schengen. Este hecho podría acarrear problemas ante posibles huidas masivas o fraudes.
Desde el Gobierno, se defiende que esta medida responde a necesidades económicas, ya que los migrantes contribuyen con aproximadamente el 10% del PIB y generan poco gasto público. Sin embargo, la oposición, encabezada por el Partido Popular y Vox, critica la iniciativa, considerándola una «cortina de humo».
Cifras y requisitos del nuevo plan
Este ambicioso plan supera las siete regularizaciones previas en la democracia española. La última, realizada en 2005 bajo el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero, benefició a 576.000 personas. Entre los requisitos específicos se encuentran:
| Requisito | Detalle |
|---|---|
| Estancia | 5 meses continuos antes del 31/12/2025 |
| Antecedentes | Ninguno grave |
| Pruebas | Padrón, citas médicas, alquiler, remesas |
| Plazo | Desde abril hasta el 30 de junio de 2026 |
| Permiso inicial | 1 año, luego renovable por 4 años |
| Familiares | Hijos menores con derecho a 5 años de permiso |
Una vez aceptada la solicitud, los solicitantes podrán comenzar a trabajar legalmente y acceder al sistema sanitario en un plazo máximo de 15 días. La ministra de Migraciones, Elma Saiz, ha calificado esta medida como «histórica», destacando que el proceso se agilizará a través de vías telemáticas y oficinas de la Seguridad Social.
Desde Bruselas, Brunner insiste en que el proceso español «puede ser problemático para los demás Estados», subrayando que regularizar no significa obtener carta blanca para circular libremente por Europa. Esta situación presenta un dilema entre la integración local y el control europeo, un aspecto que definirá el futuro del plan.
El pacto se ha gestado tras una Iniciativa Legislativa Popular respaldada por 700.000 firmas y forma parte de un plan más amplio orientado hacia la integración intercultural. Para Sánchez, la regularización es una necesidad tanto moral como económica, aunque aún queda por ver cómo se gestionarán las repercusiones en el contexto europeo.
