El Gobierno de España ha aprobado este martes en segunda vuelta un proyecto de ley para mejorar la gobernanza democrática en los servicios digitales y medios de comunicación, que ahora se remitirá al Congreso de los Diputados para su tramitación parlamentaria. Esta iniciativa, elaborada por el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública y el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, establece canales de denuncia para contenidos ilícitos y medidas para garantizar la privacidad y protección de los menores.
Puedes ver el video relacionado a continuación:
Uno de los aspectos más destacados de este proyecto es la creación de un registro público estatal de medios de comunicación, que busca aumentar la transparencia acerca de su propiedad y vías de financiación. La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) será designada como coordinadora de los servicios digitales, reforzando sus competencias en la supervisión de medios y estableciendo sanciones que pueden alcanzar hasta el 6% del volumen de negocio anual por infracciones muy graves.
Un marco normativo más robusto
La nueva normativa adaptará el ordenamiento jurídico español a la legislación europea, incorporando las disposiciones de los Reglamentos de la Unión Europea 2022/2065 y 2024/1083. El ministro para la Transformación Digital, Óscar López, ha subrayado que esta ley busca reforzar los derechos digitales de la ciudadanía, lo cual está alineado con el Plan de Acción por la Democracia presentado por el presidente Pedro Sánchez hace poco más de un año.
La ley también modifica la Ley 34/2002 de servicios de la sociedad de la información, otorgando a la CNMC amplias competencias de control y supervisión sobre los servicios digitales intermediarios. Esto incluye la obligación de establecer canales de denuncia de contenidos ilícitos y proporcionar mayor transparencia en los sistemas de recomendación y en la publicidad presente en estas plataformas.
Protección de datos y derechos fundamentales
Por su parte, la Agencia Española de Protección de Datos supervisará la prohibición de publicidad basada en categorías especiales de datos personales, así como la prohibición de crear perfiles de menores con fines publicitarios. La futura norma también prevé un régimen sancionador riguroso, con multas de hasta el 6% del volumen de negocios anual mundial del infractor.
Este marco legal permitirá a las autoridades españolas contar con herramientas más efectivas para combatir los contenidos ilícitos y la desinformación en las plataformas digitales, contribuyendo a la protección de los derechos fundamentales y a la creación de un entorno online más seguro y fiable. La nueva ley también se alinea con el objetivo de garantizar la libertad, transparencia y pluralismo en los medios de comunicación, elementos esenciales para la formación de una opinión pública bien informada y para el fortalecimiento de la democracia en España.
