Funcionarios de prisiones y diversos colectivos afectados por la paralización de la reforma de la Ley de Costas han decidido unirse a la denuncia por prevaricación interpuesta por la Asociación de Víctimas de la Talidomida de España (Avite) ante el Tribunal Supremo. Esta acción legal se dirige contra la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, y los miembros de la Mesa del PSOE y Sumar, debido al bloqueo de iniciativas parlamentarias que impactan a estas comunidades.
La denuncia surge del descontento por la negativa a desbloquear dos propuestas legislativas que permitirían que las ayudas que reciben las víctimas de la talidomida queden exentas de IRPF. Ambas iniciativas, presentadas por el Partido Popular, han quedado atrapadas en lo que los populares han denominado el «congelador de Armengol».
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Las iniciativas en cuestión son cruciales y afectan a un segmento significativo de la población. La primera está en el Senado desde el 12 de marzo de 2024, con un total de 80 prórrogas en el plazo de enmiendas. La segunda, que data del 10 de junio de 2025, cuenta con 19 prórrogas y ha recibido el respaldo de la mayoría absoluta de la Cámara Baja.
La situación es igualmente grave para los funcionarios de prisiones, quienes exigen la modificación de la Ley Orgánica 1/1979, del 26 de septiembre, para que se reconozca su condición de agentes de la autoridad. En este contexto, el sindicato mayoritario, la UGT, se encuentra en una posición cercana al Gobierno, lo que podría permitir que otras organizaciones sindicales se unan a esta causa.
La colaboración entre estos grupos, aunque aún en sus primeras etapas, busca crear un «frente cívico» que denuncie lo que consideran un «atropello» por parte de la coalición de Gobierno representada por el PSOE y Sumar.
Las víctimas de la talidomida, además, han recibido el respaldo de la Defensora del Pueblo de Cataluña. En una carta enviada por Esther Giménez-Salinas, se expresa apoyo a la petición de exención tributaria de estas ayudas, subrayando que «la fiscalidad debe ser un instrumento de protección a los colectivos vulnerables». Esta opinión se alinea con la perspectiva de que las ayudas son un acto de reconocimiento y restauración del daño sufrido.
Giménez-Salinas recuerda que tanto la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad como el Real Decreto Legislativo 1/2013, del 29 de noviembre, obligan a los poderes públicos a promover condiciones para que la libertad y la igualdad sean efectivas. Además, la Ley del IRPF ya establece exenciones para rentas de naturaleza similar, como ayudas por actos de terrorismo o vinculadas a la Ley de Dependencia.
La situación actual plantea una batalla judicial que podría tener repercusiones significativas para las víctimas de la talidomida y los afectados por la Ley de Costas, quienes buscan que sus voces sean escuchadas y sus derechos, garantizados.
