El caso Ábalos ha dado un giro significativo tras la declaración de Manuel Contreras Caro, máximo responsable del grupo constructor Azvi, en el Tribunal Supremo. Contreras ha admitido el pago de 25.000 euros a Koldo García, exasesor ministerial, para la prospección de mercados en Sudamérica, un movimiento que se realizó en la recta final de 2023.
Durante su comparecencia, el empresario explicó que este desembolso inicial tenía como fin cubrir gastos logísticos y desplazamientos aéreos. Sin embargo, lo más sorprendente fue su justificación para contratar a García, ya que no consideró necesario revisar su trayectoria profesional antes de encomendarle la búsqueda de proyectos estratégicos en el extranjero.
La investigación de la UCO
La relación contractual entre Azvi y García, que se extendió por un periodo de tres meses, empezó apenas semanas antes de que estallara el escándalo judicial. Contreras defendió que el primer pago fue un adelanto crucial para que García comenzara su labor de localización de negocios «que aún no estuvieran en el mercado». No obstante, esta relación profesional está siendo objeto de un exhaustivo análisis por parte de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que investiga un posible trasfondo de comisiones ilícitas.
La investigación no se limita al contrato de asesoría firmado en 2023, sino que retrocede para examinar la conexión previa entre Azvi y el Ministerio de Transportes. Según los registros, se han encontrado reuniones entre García y representantes de Azvi en momentos críticos, como antes de licitaciones de importantes tramos ferroviarios y obras públicas.
Las fechas de estas reuniones, particularmente en febrero de 2021, coinciden con procesos de licitación de infraestructuras esenciales. Entre los proyectos bajo sospecha se encuentra el tramo de Adamuz, adjudicado a consorcios en los que participaba la empresa de Contreras. La investigación también involucra a figuras como Isabel Pardo de Vera, ex ADIF, por presunta manipulación de concursos públicos.
Testimonio de Víctor Francos
La jornada en el Supremo también incluyó el testimonio de Víctor Francos, quien fue mano derecha de Salvador Illa en el Ministerio de Sanidad durante la pandemia. Su declaración refuerza la imagen de Koldo García como un enlace entre diferentes departamentos del Gobierno. Francos confirmó haber recibido instrucciones directas de que el asesor le contactaría para tratar asuntos relacionados con el suministro de material sanitario.
A pesar de negar haber cedido a presiones, su relato indica que García intentó posicionar empresas de su entorno para la importación de mascarillas desde China. En ese momento, las compras estaban centralizadas en Ingesa, lo que limitó la capacidad de maniobra del asesor en ese departamento. Sin embargo, la insistencia de García y sus múltiples reuniones con altos cargos evidencian una red de influencias operando transversalmente en la administración pública.
La admisión del pago de Azvi marca un hito en la instrucción del caso, vinculando a una gran constructora con el epicentro de la trama de supuesta corrupción. Mientras la defensa de los empresarios sostiene que se trata de relaciones comerciales legítimas orientadas a la expansión internacional, los investigadores buscan confirmar un posible esquema de amaño de obra pública a cambio de dádivas. La evolución de las declaraciones de los testigos y los documentos hallados en las agendas de Koldo García serán determinantes para establecer la responsabilidad penal de los implicados en este complejo entramado judicial.
