La Junta de Castilla y León ha decidido abrir un expediente sancionador a la empresa Eulen, encargada de la gestión de la piscina climatizada de Los Almendros en Zamora, tras detectarse un caso de legionela en el sistema de agua caliente sanitaria. Este resultado, que no fue comunicado ni a la administración autonómica ni al Ayuntamiento, ha llevado al alcalde Francisco Guarido a afirmar que lo más probable es que se le abra otro expediente por incumplimiento del deber de colaboración y comunicación en una situación sanitaria complicada.
“Es normal que alguien tenga que pagar por ese expediente, y lo tiene que pagar la empresa concesionaria, seguramente, en forma de sanción”, ha declarado Guarido. La falta de comunicación sobre el positivo en legionela ha sido reconocida por el delegado territorial de la Junta en Zamora, Fernando Prada, quien ha mencionado que la inspección realizada el 6 de abril de 2023 podría derivar en varios expedientes por infracciones graves o muy graves.
Infracciones graves y posibles sanciones
Según el acta de inspección del 6 de abril, se ha identificado una “falta de comunicación” que podría provocar que Eulen enfrente una serie de procedimientos sancionadores. “Obviamente hay una falta de comunicación”, ha admitido Prada, quien ha subrayado la importancia de los controles en materia de salud pública, especialmente en lo que respecta a la legionela.
La apertura de estos expedientes tiene como objetivo determinar si la empresa ha incumplido con sus obligaciones. Las sanciones, que pueden variar en función de la gravedad de las infracciones, se establecerán en base a las pruebas recopiladas durante la inspección. El Servicio Territorial de Sanidad de la Junta, junto a sus servicios jurídicos, se encargará de evaluar la situación y decidir las acciones a seguir.
Procedimiento sancionador en marcha
El procedimiento sancionador se está llevando a cabo de manera rápida y está “prácticamente en marcha”, según ha afirmado Prada. Esto significa que Eulen podría enfrentar sanciones económicas significativas dependiendo de la gravedad de las infracciones cometidas. La situación ha generado preocupación entre los residentes de Zamora, quienes utilizan las instalaciones de la piscina climatizada y confían en la seguridad sanitaria de estos espacios.
La Junta de Castilla y León, como la administración competente en materia de salud pública, tiene la responsabilidad de garantizar que se cumplan todas las normativas para proteger la salud de los ciudadanos. Este caso resalta la importancia de la comunicación efectiva entre las empresas concesionarias y las administraciones públicas en situaciones de riesgo sanitario.
