El juicio por el ‘caso mascarillas’ ha continuado este martes en el Tribunal Supremo con la declaración de José Manuel Gómez, exsubsecretario de Transportes. Durante su comparecencia, Gómez identificó a Koldo García como uno de los cinco asesores no funcionarios de José Luis Ábalos, quien le encargó el 19 de marzo de 2020 iniciar la compra de mascarillas. Esta decisión llevó a su equipo a proponer que la adquisición se realizara a través de Puertos del Estado, dada su mayor capacidad operativa.
A lo largo de su testimonio, Gómez indicó que no tuvo conocimiento de ninguna oferta hasta el 20 de marzo, cuando, según relató, «hacia las dos de la tarde Koldo vino con una oferta» de la empresa Soluciones de Gestión, vinculada a Víctor de Aldama. Esta propuesta fue escaneada y enviada de inmediato a Puertos del Estado. Sin embargo, no supo cómo llegó a manos de García ni conoció alternativas posibles.
Un pedido que se duplicó
El exsubsecretario explicó que su equipo había estimado inicialmente una necesidad de cuatro millones de mascarillas para quince días, lo que equivaldría a ocho millones para un mes. Esta cifra fue la que se incluyó en el borrador inicial. No obstante, antes de que el documento fuera enviado al Boletín Oficial del Estado (BOE), Koldo García le comunicó que el pedido debía ser de ocho millones, añadiendo que el suministrador había planteado «ocho millones o nada». Gómez interpretó esta exigencia como una decisión final que Koldo había recibido en nombre del exministro Ábalos.
Gómez, quien actualmente es investigado en la parte del caso que instruye la Audiencia Nacional, fue descrito por Ábalos como la persona más capacitada para llevar a cabo la tramitación de los contratos de mascarillas. La Fiscalía sospecha que pudo actuar como «correa de transmisión» entre el ministro y los entes adjudicadores, lo que añade un nuevo elemento a las investigaciones en curso sobre este caso que ha sacudido al ámbito político y sanitario español.
Con esta declaración, el juicio sigue revelando detalles sobre la gestión de recursos durante el estado de alarma, un tema que continúa generando controversia y que se espera tenga repercusiones significativas en el ámbito político.
