El Gobierno de España ha decidido eliminar la obligación de presentar la declaración de la renta para aquellas personas desempleadas que reciben prestaciones por desempleo. Esta medida, inicialmente aprobada en 2024 y cuya entrada en vigor se había pospuesto hasta 2026, ha sido considerada por el Ejecutivo como «no adecuada» y, por lo tanto, se revoca por completo.
Detalles de la medida
La supresión de esta obligación forma parte de un macrodecreto que incluye varias iniciativas relacionadas con la economía y la seguridad social, como la ampliación del llamado «escudo social», que protege a familias vulnerables de desahucios y amplía el bono energético. En concreto, el Gobierno ha anulado dos apartados de la Ley General de la Seguridad Social, que requerían a los beneficiarios de prestaciones por desempleo a realizar la declaración del IRPF.
Según el decreto, la decisión busca evitar que una norma del ámbito social modifique las obligaciones tributarias de los beneficiarios de estas prestaciones. El Ejecutivo argumenta que la obligación de presentar la renta no solo era formal, sino que podría llevar a que muchas personas tuvieran que autoliquidar impuestos a los que no estaban obligados según la normativa tributaria.
Impacto en la población
Se estima que esta carga administrativa innecesaria afectaba a aproximadamente 2,5 millones de personas que acceden a la prestación por desempleo. El Gobierno asegura que la nueva normativa permitiría a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria gestionar menos declaraciones adicionales, facilitando así el proceso tanto para los contribuyentes como para la administración.
El Ejecutivo destaca que el 75% de aquellos que tendrían que presentar la declaración obtienen ingresos por desempleo inferiores a 5 400 euros. Por lo tanto, la extensión de esta obligación no solo complicaba el proceso administrativo, sino que también imponía cargas fiscales a un colectivo vulnerable que ya enfrenta dificultades económicas.
Además, el decreto subraya la importancia de que esta disposición se apruebe antes del cierre del ejercicio fiscal de 2025, para que los ciudadanos estén informados con antelación y los organismos tributarios puedan planificar adecuadamente.
Otras medidas del macrodecreto
El mismo macrodecreto que elimina la declaración de la renta para desempleados también introduce otras medidas significativas. Entre ellas, la prórroga del salario mínimo interprofesional de 2025, que se mantiene en 1 184 euros brutos al mes hasta que se acuerde uno nuevo. El Ministerio de Trabajo seguirá negociando con sindicatos y patronales tras las fiestas navideñas y espera que el nuevo SMI tenga efectos retroactivos desde el 1 de enero.
Asimismo, el decreto actualiza las bases de cotización de la Seguridad Social, aumentando la base máxima a 5 100 euros al mes, y establece las pensiones mínimas y máximas, así como el aumento del complemento contra la brecha de género en las pensiones.
En el caso de los trabajadores autónomos, sus cuotas mínimas a la Seguridad Social se mantienen congeladas. También se introducen medidas fiscales relevantes, como la prórroga del sistema de módulos y la exención de tributación en el IRPF para ayudas por daños derivados de incendios forestales.
Finalmente, el Gobierno ha decidido prorrogar incentivos fiscales para vehículos eléctricos y energías renovables, en línea con el Plan España Auto 2030. Todas estas medidas se pueden consultar en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
