El director general del Grupo Andrés, Eduardo Salazar, ha expresado su desacuerdo con la reciente medida que obliga a las empresas con más de 280 trabajadores a atender a sus clientes en catalán y otras lenguas cooficiales. Durante la presentación de la tercera edición del festival Tireprofest, celebrado el 18 de septiembre de 2025, Salazar calificó esta normativa de «incomprensible» y «fuera de lugar».
Salazar, cuya empresa cuenta con casi 300 empleados, destacó que, aunque operan en toda la Península Ibérica y en mercados internacionales, ya tienen personal capacitado para atender a su clientela en diversos idiomas, incluyendo el catalán. «Nosotros utilizamos las lenguas, pero que sea una obligación para todas partes no nos parece lógico», afirmó, haciendo referencia al pacto entre los independentistas de Junts y el Gobierno de Pedro Sánchez.
La perspectiva del Grupo Andrés
El director general puso como ejemplo que su comercial en Cataluña habla en catalán y que su empresa dispone de un sistema telefónico que desvía las llamadas de clientes catalanes a personal que puede comunicarse en su lengua. Sin embargo, reiteró que «no tiene ningún sentido» que esta obligación se aplique de manera generalizada. «A cualquiera que quiera ser atendido en catalán, nosotros hablamos su lengua. Pero el resto me parece fuera de todo lugar», sentenció Salazar.
Por su parte, el presidente de la Diputación de Salamanca, Javier Iglesias, que también estuvo presente en la comparecencia, se limitó a reflexionar sobre la situación, calificándola de «ocurrencia». Esta situación ha generado un debate sobre la viabilidad y necesidad de tales normas en un contexto empresarial que ya intenta adaptarse a las diversas realidades lingüísticas de España.
Reacciones y contexto
La obligatoriedad de atender en lenguas cooficiales ha sido un tema de discusión recurrente en el ámbito político y empresarial en España. Las empresas, especialmente aquellas que operan a nivel nacional e internacional, se enfrentan al desafío de equilibrar el cumplimiento de las normativas lingüísticas con la necesidad de ofrecer un servicio eficiente y accesible a todos sus clientes.
La presentación de Tireprofest y las declaraciones de Salazar subrayan las tensiones actuales en torno a la política lingüística en España, así como la necesidad de encontrar un equilibrio que respete la diversidad cultural sin imponer obligaciones que puedan resultar ineficaces o perjudiciales para la actividad empresarial.
