Los autónomos españoles han alzado la voz en un reciente diálogo organizado por Madrid Foro Empresarial, donde Lorenzo Amor, presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), exigió al Gobierno que se cumpla la recomendación cuarta del Pacto de Toledo. Esta recomendación busca equiparar la protección social de los trabajadores autónomos a la de los asalariados, especialmente en lo que concierne al subsidio para mayores de 52 años, el cese de actividad y el permiso de lactancia.
Amor enfatizó que el subsidio para mayores de 52 años es un derecho que actualmente no se concede a los autónomos, a pesar de ser una «ayuda asistencial». Asimismo, advirtió que no existe ningún «argumento veraz» para rechazar esta prestación ni para negar a los autónomos «los mismos derechos que a un desempleado». En este contexto, el presidente de ATA anunció que no firmará ningún acuerdo con el actual Ejecutivo ni con el futuro, «sea del signo que sea», si no se atiende esta reivindicación.
Proyecciones y problemas de la Seguridad Social
En lo que respecta a las cuotas para el año 2026, Amor instó a la Seguridad Social a «solucionar primero los problemas de 2023» y a «hacer proyecciones». Según el presidente de ATA, el Gobierno no está cumpliendo con esta parte y ha cometido errores, especialmente en el caso de la pluriactividad. «No tenemos ni idea de las proyecciones para 2024 y 2025, ni de cómo va a ir la recaudación», expuso Amor, quien añadió que han realizado sus propias cuentas, pero que la Seguridad Social no les ha proporcionado dicha información.
El absentismo laboral también fue un tema relevante durante el diálogo. Amor manifestó que esta cuestión es la segunda mayor preocupación de los autónomos tras la implementación de Verifactu. Según sus declaraciones, «de cada 1.000 trabajadores autónomos, se da de baja uno (por incapacidad temporal), mientras que de cada 1.000 asalariados, 4,23 y subiendo». Amor destacó el costo que esto implica, señalando que «33.000 millones de euros entre lo que pagan las empresas y el coste de la Seguridad Social se ha convertido en el cuarto coste para el Estado».
Impacto del Salario Mínimo Interprofesional
En otro orden de cosas, el presidente de ATA se refirió a las sucesivas subidas del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que deberían incrementarse para que los trabajadores no pierdan poder adquisitivo. Sin embargo, a su juicio, estas revalorizaciones van descompasadas de los beneficios empresariales. Amor hizo hincapié en el impacto que estas medidas han tenido sobre las familias, argumentando que «donde más daño ha hecho el SMI es en el régimen del hogar».
El presidente de ATA concluyó su intervención alertando sobre la posibilidad de que, con las nuevas medidas impulsadas por el Ministerio de Trabajo para fomentar la prevención de riesgos laborales en el empleo doméstico, se abra la puerta a que haya menos empleadas registradas. «Si las empresas no han podido adaptarse, los hogares tampoco», subrayó, evidenciando la difícil situación que enfrentan muchos trabajadores en este sector.
