La reciente normativa impuesta por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha obligado a miles de autónomos en Canarias a instalar contadores para medir la exposición al gas radón en sus negocios. Esta medida se deriva de la instrucción IS-47, aprobada en abril de 2023, que desarrolla el Real Decreto 1029/2022, del 20 de diciembre, sobre la protección sanitaria contra radiaciones ionizantes.
La normativa afecta a todos los establecimientos situados a ras de calle en 50 de los 88 municipios canarios, concentrándose principalmente en las islas de Gran Canaria y Tenerife. En estos municipios, clasificados en la zona II, se requiere una actuación prioritaria debido a la significativa presencia de radón, que supera el nivel de referencia de 300 Bq/m³.
Riesgos del gas radón y obligación de medición
El radón es un gas radiactivo, incoloro e inoloro, que se origina de la desintegración del uranio en el subsuelo. Este gas tiende a acumularse en espacios cerrados, especialmente en sótanos y plantas bajas, representando un riesgo considerable para la salud de sus ocupantes. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el radón es la segunda causa de cáncer de pulmón, solo por detrás del tabaco, y se estima que causa más de 1 500 muertes al año en España.
A partir del 20 de junio de 2024, todas las empresas e instituciones públicas, como escuelas y hospitales, estarán obligadas a medir los niveles de radón en localidades con altas concentraciones. La instrucción IS-47 también establece que la medición debe realizarse durante un periodo mínimo de tres meses, preferiblemente de octubre a mayo.
Impacto económico en los autónomos canarios
Los autónomos, como J.Z., propietario de un negocio en Arucas, ya han comenzado a recibir notificaciones de sus empresas de prevención de riesgos laborales. J.Z. ha tenido que instalar cuatro contadores en su establecimiento, lo que le supondrá un coste aproximado de 400 euros. Tras el periodo de medición, será responsable del control continuo de los resultados.
Las consecuencias de superar los 300 Bq/m³ obligarán a los propietarios a implementar soluciones constructivas, como la instalación de barreras a través de pavimentaciones certificadas. David Rodríguez, responsable de la empresa Molins, enfatiza la necesidad de abordar este «riesgo silencioso», dado que más del 50% de la radiación que recibe un ser humano a lo largo de su vida es atribuible al radón.
Rodríguez sugiere que se aprovechen los procesos de rehabilitación y construcción en el sector turístico de Canarias para incorporar medidas que aumenten la salud y la competitividad de los alojamientos. Entre las soluciones propuestas se encuentra una pavimentación diseñada para actuar como barrera contra el radón.
La situación actual plantea grandes desafíos para los autónomos canarios, que ya enfrentan numerosas exigencias adicionales. Con la nueva normativa, la gestión de la salud y la seguridad en sus negocios se convierte en una prioridad, pero también en una carga económica considerable que deberán afrontar para proteger a sus trabajadores y clientes.
