Un grupo de aproximadamente 200 representantes municipales de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) ha dirigido una carta a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, instando a frenar la recentralización de los fondos europeos en el nuevo Marco Financiero Plurianual (MFP) correspondiente al período 2028-2034, actualmente en debate en la Unión Europea.
La misiva, a la que ha tenido acceso Europa Press, cuenta con la firma de destacados líderes locales, entre ellos los presidentes de las Diputaciones de Tarragona y Lleida, Noemí Llauradó y Joan Talarn, así como los vicepresidentes de las Diputaciones de Girona y Barcelona, Pau Presas y Dionís Guiteras. Junto a ellos, también se han sumado alcaldes y presidentes comarcales republicanos.
Preocupaciones sobre el nuevo modelo de financiación
Los dirigentes municipales han manifestado su preocupación tras la presentación del nuevo MFP el pasado 16 de julio de 2023, donde Von der Leyen abogó por una recentralización que, según ellos, «pone el foco en las capitales de los Estados» y desatiende el «deseado equilibrio territorial» que debería responder a las auténticas necesidades de las regiones y ciudades.
En su carta, critican que este nuevo modelo pone en riesgo el «partenariado que ha garantizado el éxito de la UE en la promoción de la cohesión territorial» y el acercamiento de Europa a los ciudadanos. Este cambio afectaría a varios fondos importantes, incluidos los Fondos Europeos de Desarrollo Regional, la Política Agraria Común (PAC) y los Fondos de Cohesión, que pasarían a ser gestionados únicamente por los Estados miembros.
Defensa de la cohesión territorial
Los representantes de ERC argumentan que «la política de cohesión y gestión compartida han demostrado que Europa funciona mejor cuando trabaja codo con codo con todos los actores». Aseguran que los principios de subsidiariedad, partenariado y solidaridad son esenciales para el proyecto europeo y que están en peligro con la propuesta de la presidenta de la Comisión.
Además, ERC tiene previsto presentar iniciativas en las diferentes cámaras y ayuntamientos donde tienen representación para posicionar a las instituciones en contra de esta acción y así frenar la recentralización que se pretende llevar a cabo desde la Comisión Europea.
