La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha acusado al presidente canario, Fernando Clavijo, de “deslealtad” tras sus críticas al traslado de los primeros diez menores no acompañados inmigrantes solicitantes de asilo desde Canarias a Asturias. Este proceso, que comenzó el lunes, responde a un mandato del Tribunal Supremo tras meses de espera, pero ha generado tensiones entre el Gobierno central y el canario.
El presidente Clavijo solicitó un protocolo claro para el traslado y lamentó lo que consideró “una cierta improvisación” en la gestión. En declaraciones a Radio Nacional, expresó su preocupación por la falta de comunicación respecto a los nombres de los niños que formarían parte de la próxima remesa, programada para el jueves o viernes de esta semana. Según informaciones previas, las autoridades canarias no habían recibido el listado de los menores que llegaron el lunes.
En respuesta a estas declaraciones, La ministra Saiz fue contundente, afirmando que las críticas de Clavijo son un “ejercicio de deslealtad” y le instó a “no faltar a la verdad”. En una comparecencia ante los medios, defendió el trabajo del Gobierno central, asegurando que se ha mantenido un diálogo constante con el Ejecutivo canario y que el traslado se realizó sin improvisaciones.
Reacciones y responsabilidades
Durante una entrevista en Cadena Ser, Saiz subrayó que no comprende las críticas del presidente canario, ya que el Gobierno ha estado trabajando de manera constante y organizada en este asunto. “Todo lo contrario: sin improvisación, con discreción y con un único fin, velar por el interés del menor”, concluyó.
Además, la ministra dirigió sus críticas hacia las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, acusándolas de “absoluta irresponsabilidad” al no asumir su competencia en la acogida de menores migrantes vulnerables. “Vamos a ver si de una vez por todas hay solidaridad para acoger a estos menores”, afirmó.
La situación en Jumilla
Saiz también abordó la polémica moción del Ayuntamiento de Jumilla, que busca prohibir actos religiosos en espacios deportivos públicos. El Gobierno ha enviado un requerimiento al consistorio murciano para que revoque esta decisión, esperando que el Partido Popular dé un paso atrás. “Confiío en que el requerimiento sea suficiente para que el Ayuntamiento anule la moción”, explicó.
La ministra criticó la falta de respuesta del Ayuntamiento y acusó al PP de seguir los dictados de Vox en política migratoria, afirmando que “esto solo intenta ocultar lo que subyace en su política”. La tensión entre los diferentes niveles de gobierno y partidos políticos refleja un contexto complicado en la gestión de la migración en España.
