La Asociación de Pympes de Actividades Náuticas de Baleares (Apanib) ha interpuesto un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares (TSJIB) contra el decreto del Govern que prohíbe el alquiler turístico de embarcaciones particulares. Según Apanib, esta prohibición representa la «mayor amenaza en décadas» para el sector.
En su comunicado, la asociación ha solicitado la suspensión inmediata de los artículos conflictivos de la normativa y ha demandado al Govern su derogación. Argumentan que la medida generará una ola de cancelaciones, reducción de empleo y fuga de clientes hacia otros destinos, además de poner en riesgo la seguridad marítima.
La normativa es calificada de «discriminatoria», ya que impide el charter por plaza, contraviniendo la legislación estatal y excluyendo a operadores en función de su nacionalidad o pabellón. Este aspecto ha suscitado preocupaciones sobre la seguridad, al afirmar que la prohibición «altera el significado de las señales marítimas internacionales», lo que podría provocar confusiones y accidentes.
Asimismo, los representantes de Apanib han denunciado que la regulación «asfixia» a las pequeñas y medianas empresas (pymes) del sector, al imponer requisitos para la obtención de licencias que van en contra de la normativa de libertad de servicios. Esta situación se traduce en una competitividad mermada para los operadores establecidos en las Islas Baleares.
Otro de los puntos críticos del decreto es la vulneración de la privacidad de las empresas, obligándolas a facilitar datos que consideran innecesarios para su control, y que posteriormente serían publicados sin garantías de protección. Según la asociación, esta práctica difunde información que debería considerarse como secreto empresarial.
El conflicto no solo se presenta como una disputa sectorial, sino que refleja una tensión jurídica y política significativa entre el Govern balear, liderado por el PP, y el Estado, representado por el PSOE. Este caso podría sentar un precedente histórico en cuanto a los límites autonómicos en la gestión del mar, lo que añade un nivel de complejidad y relevancia al asunto.
La situación actual del sector náutico en Baleares es crítica y el desenlace de este recurso podría tener implicaciones duraderas no solo para los operadores de la región, sino también para la economía local y la seguridad en el mar. La atención se centra ahora en cómo responderá el tribunal y qué medidas tomará el Govern ante esta creciente oposición.
