La violencia en el entorno penitenciario español ha alcanzado niveles preocupantes, tras la agresión sufrida por una funcionaria del Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Sevilla a manos de un recluso. El incidente ocurrió el pasado sábado, apenas 24 horas después de que un funcionario del Centro Penitenciario de Morón de la Frontera fuera agredido, lo que hace evidente una tendencia alarmante en las instituciones penitenciarias.
Durante la subida controlada de internos del módulo de agudos, donde se alojan los reclusos con perfiles más peligrosos, el preso K. T., conocido por su extensa trayectoria delictiva que supera los cuarenta delitos, se abalanzó sobre la funcionaria encargada de supervisar el cierre del departamento. Según informa la Asociación de Centros y Agentes de Instituciones Penitenciarias (ACAIP), el recluso propinó un fuerte puñetazo en la cara de la funcionaria, provocando que esta cayera al suelo.
Por suerte, los compañeros de la funcionaria reaccionaron rápidamente y lograron controlar al agresor, llevándolo de nuevo a su celda. Sin embargo, el impacto en la funcionaria fue considerable; llegó a la consulta externa del hospital con síntomas de estrés postraumático y un notable nerviosismo, lo que pone de manifiesto la gravedad de la situación.
En el pasado reciente, K. T. había agredido a un funcionario en Alicante, lo que añade a su historial de comportamiento violento. Desde ACAIP, se exige el traslado inmediato del agresor y se denuncia la «imparable sangría de agresiones» que sufre el personal penitenciario.
El sindicato proporciona datos preocupantes sobre la creciente violencia en las prisiones, afirmando que las agresiones a trabajadores han aumentado un 53,49% desde 2016, pasando de 7,03 a 10,79 agresiones por cada 1 000 internos. Esta situación se agrava en el Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Sevilla, donde casi un 30% de las vacantes en el área de vigilancia permanecen sin cubrir.
La respuesta de la administración ha sido insuficiente, ya que se ha intentado compensar esta falta de personal con un número limitado de funcionarios en prácticas, lo que no parece ser una solución viable ante el aumento de la violencia. Las autoridades deben tomar medidas urgentes para garantizar la seguridad de los trabajadores penitenciarios, quienes enfrentan diariamente un entorno cada vez más hostil.
