El Pleno de la Diputación de Zaragoza (DPZ) ha aprobado una moción que exige la dimisión de la portavoz provincial del PP, Maricarmen Lázaro, y de la directora general de Administración Local del Gobierno de Aragón, Marina Sevilla. Esta decisión se produce tras acusaciones de Lázaro hacia el personal de la DPZ, donde afirmó que cometían delitos sin aportar pruebas, y críticas a Sevilla por no garantizar la provisión de puestos vacantes en entidades locales.
A través de esta moción, respaldada por los votos del PSOE, En Común-IU y CHA, se defiende la profesionalidad e independencia de los trabajadores públicos, instando a los partidos a evitar ataques partidistas hacia ellos. Los socialistas han justificado la convocatoria de este pleno extraordinario debido a las declaraciones de Lázaro, que han considerado un traspaso de límites en el debate democrático.
Controversia en torno al alcalde de Aguarón
La provocación de este conflicto se centra en el alcalde de Aguarón, Lucio Cucalón, quien ha sido objeto de críticas por parte del PP debido a una adjudicación a un familiar y a supuestos cobros indebidos. Esta situación ha llevado a Marina Sevilla a remitir un informe a la Fiscalía, ya que puede ser constitutiva de un delito penal. Durante el debate, se sugirió retirar los puntos sobre las dimisiones, pero el grupo proponente mantuvo su postura.
El portavoz del PSOE, Francisco Compés, defendió la honestidad de los funcionarios y criticó la actuación del PP, al que acusó de crear una campaña de desprestigio. Compés remarcó que las acusaciones de Lázaro ponen en cuestión la profesionalidad de los técnicos municipales, insinuando motivaciones políticas en su trabajo.
Reacciones y acusaciones cruzadas
Por su parte, Lázaro calificó la moción de “farsa” y la atribuyó a un intento de desviar la atención del caso de Cucalón. Afirmó que el PSOE protege al alcalde y que la respuesta del presidente de la DPZ, Juan Antonio Sánchez Quero, es un ejemplo de cómo se actúa en el partido socialista. Mientras tanto, Sánchez Quero defendió su gestión y negó haber puesto secretarios a disposición de Cucalón, aludiendo a la incompetencia del Gobierno de Aragón en la designación de funcionarios.
La discusión se ha intensificado con la intervención de otros grupos políticos. Carlos Rodrigo de Vox, por ejemplo, expresó que no podían apoyar la moción debido a su enfoque parcial. Por su parte, la diputada de En Común-IU, Nerea Marín, se mostró crítica con ambas partes, resaltando la necesidad de dejar que los tribunales se pronuncien.
La situación actual en la DPZ refleja tensiones políticas intensas y una lucha por la credibilidad en la gestión pública, en un contexto donde las acusaciones y las defensas se entrelazan en un ambiente polarizado. La decisión del Pleno de exigir dimisiones marca un momento significativo en la política local de Zaragoza, con implicaciones que podrían extenderse más allá de la actual controversia.
